DS(C) nº 288/5 del 28/11/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Buenos días. Damos comienzo a la Comisión de Gobierno Interior. Se abre la sesión. Por los Grupos Parlamentarios, por favor, comuniquen a esta Presidencia las sustituciones. ¿Por el Grupo Popular?

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Don Demetrio Espadas sustituye a don Jesús de Castro y don José Antonio de Miguel sustituye a don Alejo Riñones. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Socialista?

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Doña Carmen Espeso sustituye a don Jorge Félix Alonso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Damos la bienvenida al señor Consejero de Presidencia. Primer punto del Orden del Día. Por el señor Secretario se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR YÁÑEZ RODRÍGUEZ):

"Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre: razones que han llevado a esa Consejería a excluir al personal docente al servicio de la Comunidad Autónoma de los beneficios derivados del Decreto 15/1998, de veintinueve de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Distinciones del Personal Funcionario de la Administración de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para dar esta comparecencia, tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Buenos días, señor Presidente. Señorías. Comparezco ante esta Comisión para informar sobre la no aplicación al personal docente al servicio de la Comunidad de Castilla y León del Decreto 15/98, de veintinueve de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Distinciones al Personal Funcional Funcionario de la Administración de Castilla y León.

En la presente comparecencia aludiré a tres aspectos relacionados con la cuestión: en primer lugar, es preciso analizar el procedimiento de concesión de distinciones; a continuación abordaré el criterio seguido hasta el momento por la Consejería de Educación y Cultura, haciendo referencia a la normativa aplicable; y, por último expondré la posición por la que se pretende optar en el futuro.

Este Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Distinciones del Personal Funcionario de la Administración de Castilla y León tiene como objeto reglamentar las modalidades de distinciones aplicables a los funcionarios públicos, siendo concebido como un mecanismo de fomento administrativo de carácter honorífico, que redunda inequívocamente en la mejora de la actividad profesional de los empleados públicos.

De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto de referencia, el procedimiento de concesión se estructura en dos fases: en una primera, los Secretarios Generales de las distintas Consejerías remiten a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial una relación de funcionarios que van a cumplir en el siguiente año natural quince, veinticinco o treinta y cinco años de servicio. Recibida esta relación, la Consejería de Presidencia aprueba un listado provisional de los funcionarios con derecho a las distinciones, que es objeto de información pública durante un mes. Resueltas las reclamaciones que se presenten, se aprueba la Orden de Concesión General de las Distinciones que procede reconocer en el año siguiente, y que es objeto de publicación y de exposición pública.

De lo expuesto hasta aquí, se deduce que la Consejería de Presidencia únicamente puede incluir en la Orden de Concesión General de las Distinciones a aquellos funcionarios relacionados en las certificaciones que les remiten los Secretarios Generales de cada una de las distintas Consejerías.

En cuanto al criterio seguido hasta el momento por la Consejería de Educación, de no aplicar el Reglamento de Distinciones al personal docente, puede señalarse, en primer término, que el Reglamento de Distinciones es anterior en el tiempo a la efectividad del traspaso de funciones y servicios en materia de Enseñanza No Universitaria, producida a partir del uno de enero del dos mil. Por lo cual, el Reglamento no podía contener, obviamente, previsión alguna respecto al personal docente.

El Real Decreto de treinta y uno de julio del noventa y nueve, en virtud del cual se produjo la transferencia de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Enseñanza No Universitaria, establece en su Anexo, apartado B, letra g), que "corresponden a la Comunidad de Castilla y León, en el marco de las bases generales del personal estatutario de los funcionarios públicos y de las normas básicas específicas aplicables al personal docente, los actos administrativos de personal que se deriven de la relación entre los funcionarios y la Comunidad de Castilla y León; y, entre ellos, la concesión de licencias y permisos y la concesión de premios y recompensas". Y más adelante dispone que "el personal transferido pasa a depender de la Comunidad de Castilla y León en los términos previstos en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en las normas básicas específicas de la función pública docente".

Pues bien, en relación con esta última normativa, es preciso significar que no consta la existencia de regulación específica estatal en materia de distinciones en el ámbito de la función pública docente. Por tanto, debe de estimarse que al personal docente le resulta de aplicación la normativa general establecida para el personal funcionario, tanto en la Ley de Medidas de la Función Pública -ya antes mencionada-, como en la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado en febrero del sesenta y cuatro.

En idéntica línea, la Disposición Transitoria Primera del año noventa y nueve, de veintisiete de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, establece que las Direcciones Provinciales de Educación continuarán con la estructura y competencias establecidas en la normativa legal y reglamentaria de origen estatal hasta tanto se dicten las normas propias de esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, y considerando el hecho de que en el Reglamento de Distinciones del Personal Funcionario de la Administración de Castilla y León, además de las distinciones propiamente dichas -insignia o placa conmemorativa y medallas o menciones honoríficas-, se reconoce el derecho al disfrute de permisos retribuidos, debe concluirse que, por la aplicación de la normativa general antes mencionada, el personal docente continúa rigiéndose en tal materia por las disposiciones generales establecidas para los funcionarios civiles del Estado, contenida básicamente en el Artículo 30 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la cual en modo alguno prevé la concesión de permisos para los supuestos recogidos en nuestro Reglamento de Distinciones.

Por ello, teniendo en cuenta las previsiones normativas antes reseñadas, no se ha procedido a reconocer las distinciones previstas y reguladas en el Decreto de enero del noventa y ocho por considerarse necesaria... por considerarse necesario una regulación específica de la materia para este personal.

En efecto, la especificidad de la prestación del servicio público educativo ha determinado que en el ámbito de la Administración del Estado le fuera aplicado al personal docente todo un cuerpo normativo propio constituyente de un bloque diferenciado y distinto del aplicable al resto del personal funcionario; lo cual en ningún caso tiene carácter discriminatorio, sino que responde a la necesidad de establecer un equilibrio entre los derechos y obligaciones en el ámbito del servicio público docente.

En tal sentido, la propia Ley del ochenta y cuatro establece la posibilidad de dictar normas específicas para adecuarla a las peculiaridades del personal docente. No solo la legislación estatal recoge un régimen particular para el personal docente, sino que nuestra propia normativa autonómica, plenamente consciente de sus peculiaridades, ha establecido ya la posibilidad de una regulación técnica específica, como es el caso del Decreto de once de octubre del dos mil sobre vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el que se establece que "el personal docente e investigador se regirá por las normas autonómicas específicas que le sean de aplicación; en su defecto, por las específicas que hubiera dictado... por la Administración del Estado; y, supletoriamente, por lo previsto en este Decreto".

Operada la transferencia de Enseñanza No Universitaria, al personal docente le sigue siendo de aplicación el mismo sistema legal diferenciado, entendido con un carácter global y unitario. Por lo que la aplicación o no de una determinada medida -en el presente caso, el régimen de distinciones- no puede realizarse de forma aislada e independiente, sino en bloque y conjunto normativo en el se encuadra.

En concordancia con todo ello, existe la voluntad de esta Administración de adaptar el cuerpo normativo que es de aplicación al personal docente con el existente en la Administración Autónoma de Castilla y León: vacaciones, permisos, licencias y distinciones; pero siempre sin perder de vista las peculiaridades del servicio público y el carácter y trascendencia del sector educativo, haciéndolo ello compatible con las exigencias organizativas derivadas del derecho a la educación de los alumnos.

Hasta aquí me he referido al personal funcionario. Sin embargo, hay que hacer también alusión al personal laboral. El Primer Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de la Gerencia de Servicios Sociales, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad -de aplicación-, que regula las normas -perdón- y condiciones del trabajo del personal que, con relación jurídico-laboral, presta o preste servicio en el ámbito de la Administración General y de la Gerencia de Servicios Sociales, en su Artículo 2, este Convenio establece que "al personal proveniente de otras Administraciones que, con ocasión de su traspaso o transferencia, se integre en la Administración General de la Comunidad o en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, le será de aplicación lo establecido en la Disposición Adicional Quinta, apartado 2, de la Ley de diciembre del noventa siete, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio del noventa y ocho". Y dicha Disposición Adicional indica que "respecto del personal laboral transferido, la Administración de Castilla y León, receptora, se subrogará en los derechos y obligaciones de la Administración cedente, hasta que, mediante los procedimientos y trámites oportunos, se produzca su plena y efectiva integración, y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las que el resto del personal de laboral de la Administración receptora, en virtud y en conformidad con la normativa legal y convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado".

Teniendo en cuenta estas previsiones normativas, y como quiera que todavía no se ha producido la integración del personal laboral transferido en materia de Enseñanza No Universitaria en el ámbito de la aplicación del convenio colectivo para el personal laboral, no se les ha reconocido los premios a la permanencia regulados en el Artículo 59 del mismo.

En fin, quiero poner de manifiesto a Sus Señorías que la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, dado su carácter horizontal, actúa como motor dinamizador de muchos de los proyectos del Gobierno Regional, y que impulsa de forma decidida todos aquellos que se refieren al personal al servicio de la Administración, elemento fundamental para el desarrollo de las funciones encomendadas; y que, por tanto, se adoptarán las medidas correctoras necesarias para que todo el colectivo docente pueda beneficiarse de las actuaciones de estímulo, motivación y distinción aplicables al resto del personal, teniendo en cuenta, por otra parte, las peculiaridades de la actividad docente.

El reconocimiento de un derecho no puede suponer el menoscabo de otro derecho legalmente reconocido. Efectivamente, el derecho al reconocimiento de premios y distinciones al personal transferido por el Decreto de treinta y uno de julio del noventa y nueve, de transferencias y funciones, y servicios del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Enseñanza No Universitaria, no puede suponer una confrontación con el derecho de la educación, constitucionalmente reconocido en el Artículo 27, y el deber de los poderes públicos de garantizar un funcionamiento ordinario y eficaz de los centros docentes.

Por ello, y considerando que todo el personal al servicio de la Administración de Castilla y León es susceptible de ser destinatario de medidas de reconocimiento a su actividad profesional, se está procediendo al estudio de una regulación que contemple la concesión de los beneficios que reconozcan la importante y destacada labor que este colectivo desarrolla.

Este proceso de adaptación se está llevando a cabo cumpliendo los trámites procedimentales previstos, encontrándose en este momento en pleno proceso de negociación en la Mesa Sectorial de Educación, al objeto de cumplir con las previsiones establecidas en la Ley del ochenta y siete, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esta negociación se halla en fase avanzada y próxima a finalizarse, momento en el cual se dictará la oportuna disposición administrativa.

Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Me pongo a su disposición para cuantas preguntas quieran realizar sobre mi comparecencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias, señor Consejero. Para la formulación de preguntas, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Crespo González.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Bien. Gracias, señor Presidente. Buenos días, y gracias, señor Consejero, por acudir a... a esta Comisión, que es la... que es la suya también. Lo cierto es que hablamos de una comparecencia que se solicitó allá por el mes de diciembre. En definitiva, la Junta de Castilla y León -que no usted personalmente, pero sí la Junta de Castilla y León- tarda más de un año en comparecer ante las Cortes de Castilla y León para atender una petición de un Grupo Parlamentario que guarda relación con una demanda ciudadana.

Quiero decirle también al señor Consejero -y para su conocimiento, aunque seguramente, pues, con certeza lo... lo conoce- que este objeto, el objeto de su comparecencia hoy aquí ya fue debatido en estas Cortes, en relación con una Proposición No de Ley en el mismo sentido que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo que la novedad que suponía la gestión de la Educación No Universitaria por parte de la Junta de Castilla y León, el colectivo importantísimo de funcionarios que se nos habían transferido, las peculiaridades de ese colectivo y lo que nosotros entendíamos en su momento del origen o la generación de un cierto agravio comparativo en relación con el asunto que hoy aquí nos ocupa, nos hizo presentar en estas Cortes una Proposición No de Ley, que fue debatida y que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, en la cual, pues, las razones que allí se nos esgrimieron, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, pues no... no justificaban ese rechazo. Y eso dio origen a que solicitáramos la comparecencia del responsable de la Función Pública en Castilla y León, que no es otro que el Consejero de Presidencia.

Por lo tanto, teníamos antecedentes en relación con este asunto. Y pensábamos honradamente que, una vez que usted había decidido comparecer ante estas Cortes para tratar de esta cuestión, pues sencillamente traía una solución a un problema que nosotros nos hemos limitado a transmitir al Gobierno Regional.

Y si después de dos años de plenas competencias en materia de Educación No Universitaria, y después de un año que se rechaza una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, fundamentalmente o básicamente sobre... en base a la consideración de que la Junta de Castilla y León está en trance de resolución de este asunto, y transcurrido un año desde que se solicita la comparecencia, la conclusión que yo extraigo en este momento del discurso que usted nos ha hecho aquí es que la Junta de Castilla y León lo va a resolver, permítame que le diga que ya estamos tardando en resolverlo, que ya están ustedes tardando en resolverlo.

Son dos años en los cuales el Gobierno Regional gestiona la educación y, por lo tanto, gestiona los derechos del personal al servicio de la administración educativa en la Comunidad Autónoma. Son dos años en los cuales ustedes han recibido reclamaciones de funcionarios al servicio de la administración educativa en relación con este asunto. Son dos años que ustedes han tenido para apreciar que un Decreto de Distinciones, que tenía una reglamentación sobre distinciones, y que tenía el Gobierno Regional, obviamente, a medida que la Comunidad Autónoma ha asumido nuevas competencias, era un Reglamento insuficiente, obsoleto y que no daba respuesta a las nuevas realidades que tiene nuestra Comunidad Autónoma, vinculadas, fundamentalmente, a la asunción de las competencias en materia de Educación No Universitaria.

No me parece diligente, por parte del Gobierno Regional, que después de dos años sigamos compareciendo en estas Cortes para decirnos "que somos conscientes del problema y que vamos a resolverlo". Porque el resto de consideraciones que ha hecho usted aquí, señor Fernández Mañueco, pues son consideraciones que, obviamente, mi Grupo comparte, y que ya se trasladaron en su momento, también en sede parlamentaria. Cómo no reconocer la peculiaridad o la especificidad que caracteriza al personal docente... al personal funcionario o laboral docente. Lo reconoce la normativa del Estado y lo reconoce el sentido común, y sólo falta que lo reconozca el Gobierno Regional, con su potestad normativa -estas propias Cortes, con su capacidad normativa-, en desarrollo de lo que ya es una competencia que, a medida que va transcurriendo el tiempo, no debe estar amparada -en nuestra opinión- por la Legislación Básica o Supletoria del Estado.

A medida que transcurre el tiempo, la legislación supletoria del Estado, pues, va perdiendo más sentido, salvo que, salvo que desde el Gobierno Regional, sencillamente, pues no se esté tratando de ejercer las competencias que nos son propias. Y, por lo tanto, no estemos generando el cuerpo legislativo adaptado a la realidad castellano-leonesa y a la realidad del ejercicio de una competencia por parte de la Administración Regional de Castilla y León en el territorio de Castilla y León.

Y, por lo tanto, ampararnos en la legislación supletoria del Estado tiene, desde luego, desde el punto de vista jurídico es impecable, desde el punto de vista político cada vez tiene menor justificación, porque el Gobierno Regional debe hacer uso de su competencia y, por lo tanto, debe ir adaptando la normativa a la realidad de Castilla y León, porque ése es -yo creo- el fundamento también de la gestión de determinadas competencias y, en este caso, de una muy concreta y trascendental, como es la de la educación.

Porque, claro, el argumento de fondo es que estamos asistiendo a una normativa que tenía la Comunidad Autónoma anterior al ejercicio... a la asunción del ejercicio de la competencia en materia de Educación No Universitaria; eso es evidente. Pero eso nos va a pasar dentro de cuatro días, señor Consejero, cuando asumamos las competencias en materia de sanidad.

Y también el colectivo sanitario por otras razones tiene peculiaridades y tiene especificidades. Y, por lo tanto, podría caber o podría darse la circunstancia de que, como ésta es una competencia que asumimos con posterioridad al Decreto de mil novecientos noventa y ocho, sobre Distinciones del Personal al Servicio de la Comunidad Autónoma, pues ustedes tampoco contemplaran la realidad de ese personal funcionario sanitario, que podría legítimamente reclamar del Gobierno Regional acogerse a los beneficios que se contemplan en ese Decreto.

Y si el argumento fuera "es que el Decreto es anterior a la asunción de la competencia en materia de gestión sanitaria"; evidentemente, como tantas otras normas. Pero yo creo que la tarea del Gobierno es adaptar con diligencia y adaptar progresivamente a la normativa autonómica... adaptar la normativa autonómica a las nuevas realidades competenciales que viene asumiendo la Junta de Castilla y León.

En su día -y hoy usted ha insistido en ello-, es evidente que el ejercicio del derecho que entendemos asiste al personal docente al servicio de la Comunidad Autónoma debe estar absolutamente equilibrado con el derecho de los alumnos y de la comunidad educativa a percibir en condiciones óptimas de calidad el servicio público de... el servicio público de enseñanza. Eso es evidente.

Y es así donde está una de las especificidades que hace el personal diferenciado al personal docente; es evidente. Por cierto, que también en esa defensa de la calidad del servicio que le sirve a usted de argumento para justificar el que de momento este personal no esté contemplado en los beneficios de este Decreto, pues esa misma sensibilidad, en otros ámbitos, también referidos a la educación pública, pues podía mantener el Gobierno Regional, que, como todo el mundo sabe, pues no se caracteriza, precisamente, por su entusiasmo en la defensa de una enseñanza pública y de calidad en Castilla y León. Pero esto es aparte de la discusión que hoy tenemos aquí.

Por lo tanto, el equilibrio entre el derecho del personal docente y el equilibrio entre los beneficiarios de ese servicio -que son los alumnos, que son los estudiantes y que es la calidad del servicio- debe quedar garantizado.

Pero eso no puede servir para mantener, para mantener lo que en nuestra opinión es -insistimos en ello- un agravio comparativo como consecuencia de que una laguna que podría apreciarse en una normativa de la Comunidad Autónoma, como es a la que nos estamos refiriendo, el Gobierno Regional ha tenido dos años para corregirlo, dos años para subsanarlo. Y no parece razonable que, después de dos años, su comparecencia de hoy aquí se concrete en que se va a resolver.

El procedimiento que usted nos ha expuesto, por ser el procedimiento que establece el Decreto, que es la elaboración de la relación, el estado provisional, la exposición al público, las reclamaciones y demás. Ése es el procedimiento que tiene establecido en el Decreto.

Y es, precisamente, de esos listados, de esos listados, en los que han saltado algunas sorpresas, y no del todo agradables, señor Consejero. Porque no es verdad -y le pido, si es tan amable, que eso, pues, nos lo aclare-, no es verdad que no haya habido docentes en los listados que han sido beneficiarios de los derechos a los que se refiere el Decreto de mil novecientos noventa y ocho. Ha habido docentes que se han acogido a esos beneficios y que han disfrutado esos beneficios. Por lo tanto, eso complica algo más las cosas.

Y yo le pediría alguna aclaración en ese sentido, porque seguro que usted lo tiene que conocer. Cómo es posible que el conjunto de los docentes no se hayan podido acoger a esos beneficios y, sin embargo, en los listados hayan aparecido docentes que se han acogido a esos beneficios.

Yo creo que con la especificidad a la que se ha referido, con la legislación supletoria del Estado y los antecedentes en cuanto a... a legislación específica que tiene el sector educativo, con la garantía del equilibro entre los derechos individuales y la calidad del servicio, con todo ello, teniendo todo ello en cuenta, yo le preguntaría al señor Consejero si, definitivamente, el personal docente va a tener o se va a acoger, con esta formulación o con otra, a esos beneficios que con carácter general tiene reconocido el Gobierno Regional para el personal funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma.

Y, por último, como lo que le estoy preguntando es si tienen derecho o no, le pregunto si se van a adoptar medidas correctoras o no. Y le pregunto que cuándo este asunto va a estar resuelto, porque, le insisto, son dos años que tenemos plenas competencias. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Procuradora, doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero. Aunque sea con un año, pero yo llevo esperando dos por una de Educación; así que me parece poco tiempo. Ya está pasada de moda y todo para lo que quería que compareciera.

Bien. Pero ciñéndonos al tema, mire, yo no entiendo cómo sabiendo de antemano que se van a producir unas transferencias no tienen preparado todos los decretos y reglamentos, etcétera, que hagan falta para el desarrollo y para... y para la adaptación de la transferencia que se va a producir; y, sobre todo, cuando se trata de algo que, aunque sea de una forma no excesivamente generosa en cuanto a distinciones y etcétera, beneficie al funcionario. Se dan ustedes mucha más prisa en sacar las cosas que siempre perjudican al funcionario de las que le benefician. Sí, es así, y se lo digo por experiencia; usted... hace muchos años, si es que alguna vez fue funcionario -que no lo es-, o sea, que no puede hablar con la experiencia que puede hablar una funcionaria.

Bien. De todas formas, dado que las distinciones que ustedes hacen son unas medallas -que a kilo deben valer 20 pesetas-, tampoco es que se esté perdiendo nada, salvo las vacaciones que conlleva esa... ese acompañamiento de medalla.

Pero la pregunta mía: a los funcionarios que han sido perjudicados por falta de esa legislación, ¿se les va a aplicar, cuando salga el Decreto, y con carácter retroactivo, alguna medida compensatoria o, el que lo perdió, perdido queda? Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Emilio Arroita.

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Obviamente, repetir las... el agradecimiento al señor Consejero por acudir a esta Comisión y también por acudir prontamente a esta... a comparecer, siempre que desde esta Comisión se le ha pedido para cualquier tema.

Destacar, señor Consejero, que, del contenido de la misma, que aparte de ser un tema farragoso, en la explicación que se nos plantea... se nos plantea aquí esta mañana, yo creo que ha dejado perfectamente aclarada cuál es... -y yo creo que ésa era la intención, yo creo que ésa era la intención por la que se pedía esta comparecencia-, cuál ha sido la actuación de su Consejería en el tema en el que estamos esta mañana... en el que estamos tratando.

Y sobre todo queremos manifestar que, tanto en el procedimiento de la concesión de distinciones como en el criterio seguido por la Consejería hasta el momento, a juicio de este Grupo, se ha cumplido con la legislación vigente. Y, por lo tanto, es la primera cuestión que hay que destacar y que tiene que dar la de esta mañana; es decir, escrupuloso cumplimiento de las normas estatales, de las normas autonómicas y de las normas conveniales que regulan la materia en la que estamos esta mañana.

Toda transferencia de competencias -y... por lo cual nos estamos dando cuenta esta mañana- es complicada; y más aún en el aspecto de los derechos laborales de los diferentes colectivos de los trabajadores. Pero aún se complica más cuando... -y es el caso que estamos tratando esta mañana-, cuando la norma a aplicar es anterior en el tiempo a la efectividad del traspaso y, además, no existe una regulación específica de la Administración proviniente, de la que provienen los funcionarios, como es el caso de las distinciones en el ámbito de la función pública docente.

Y yo le digo una cosa: es decir, no existe esa norma -y esta mañana hemos hecho referencia, quizás incluso estamos repitiendo argumentos que se utilizaron en su momento en estas Cortes, en las Proposiciones No de Ley que defendió el señor Crespo- le digo se intentó decir que... que había una omisión, una omisión en cuanto a la regulación de los distintos Trabajadores, y no lo hay; es decir, los funcionarios docentes no están excluidos del derecho de distinciones, que reconoce perfectamente la normativa y la legislación estatal.

Pero, yo... queremos hacer especial hincapié y queremos defender el proceso seguido por la Consejería, porque esta situación es especialmente problemática, ya que reconociendo, sin ninguna duda y con toda seguridad, el derecho de estos trabajadores, no podemos olvidar que en el desarrollo de su función se encuentra el correcto disfrute del derecho a la educación. Y que esta mañana, como bien nos ha dicho el Consejero, es un derecho constitucional.

Por lo tanto... y este Grupo opina que es necesaria una normativa específica que conjugue ambos derechos, teniendo en cuenta las exigencias organizativas del sector, así como las peculiaridades del mismo.

Y en este punto sí nos gustaría, señor Consejero -y así se lo pido, reiterando algunas peticiones de otros Grupos-, que informase a esta Comisión -porque sabemos que es una inquietud de los agentes sociales y, por lo tanto, ya se ha planteado sobre la mesa-, pues bien, de qué forma está trabajando la Junta de Castilla y León en esta materia que es necesario una normativa específica que conjugue ambos derechos, teniendo en cuentas las exigencias organizativas del sector, así como las peculiaridades del mismo.

Y en este punto sí nos gustaría, señor Consejero -y así se lo pido, reiterando algunas peticiones de otros Grupos-, que informase a esta Comisión, porque sabemos que es una inquietud de los agentes sociales, y, por lo tanto, ya se ha planteado sobre la mesa, pues bien, de qué forma está trabajando la Junta de Castilla y León en esta materia para conjugar estos derechos; este derecho que ha comentado, derecho constitucional, y estos derechos de los... de los trabajadores, de los funcionarios en este caso.

Y, señor Consejero, esta mañana, de hecho, hemos utilizado argumentos y hemos reabierto un debate a una cuestión ya discutida en su momento en estas Cortes en una Proposición. Y en referencia ello, yo quería decir que incluso este Grupo, este Grupo ya hizo una Proposición a esa Proposición presentada por el Grupo Socialista ..... que presentamos una Enmienda que iba incluso más allá, iba más allá que la propia Proposición del Grupo Socialista, en la que regulábamos perfectamente... en la que pedíamos que se regulara, perdón, he dicho, que se regulara perfectamente no sólo el tema de las distinciones, sino también el tema de los permisos, el tema de las vacaciones y otras cuestiones más.

Por lo tanto, nuestra Enmienda, nuestra Enmienda iba con ese sentido, en el sentido de intentar regular, regular frente... de forma específica frente a la homogeneización que en un principio, en un principio el PSOE pedía una especie de homogeneización, una serie de inclusión dentro del Decreto de estos trabajadores, cuando no se podía hacer de esa forma. Y, realmente, realmente, esta Enmienda, que propuso este Grupo, no fue aceptada, señor Consejero. Y no fue aceptada no sabemos por qué. Es decir, puede que no se entendiese cuál era la intención de cuál es la regulación que nosotros ..... de ese tema o, sencillamente, se estaba buscando cierta rentabilidad política dentro de los agentes sociales.

Y, de hecho, de hecho, por parte del Grupo Socialista, señor Consejero, en esa Comisión o en esa Proposición se propuso, se propuso, después matizándolo que el Decreto era de aplicación, que fuese de aplicación al conjunto de los funcionarios. Después se decía que "incluyendo las peculiaridades". Bueno, pues, precisamente, ésa es la cuestión, eso es lo que nosotros... y es lo que creemos que es lo que está haciendo la Consejería, que nos acaba de relatar usted, se están regulando esas peculiaridades, tanto en el personal funcionario como en el personal laboral, para que tengan derecho perfectamente a estas distinciones, a estos permisos que regula el Decreto de referencia.

Y la única razón, y la única razón -y queremos hacer hincapié en eso- por la cual estos funcionarios no están incluidos es por esas peculiaridades, esas particularidades del servicio que prestan. Y, además, es que ellos están perfectamente de acuerdo en que esas peculiaridades, esas particularidades se reflejen y se estudien en el sitio donde han de estudiarse, que es en la Mesa, y es lo que creemos que el señor Consejero... es decir, que desde la Mesa de Educación, desde la Junta de Castilla y León, se está negociando con los agentes sociales para que se dé solución a este problema, que es el que está haciendo ahora mismo la... que está intentando resolver la Junta de Castilla y León.

Y, desde luego, desde luego, que la Junta de Castilla y León, señor Consejero, y defendiendo precisamente esas peculiaridades, esas particularidades de los funcionarios docentes, lo que está haciendo es defender el derecho a la educación, y está defendiendo el derecho a la educación, y fundamentalmente este derecho, defendiendo el derecho a la libertad de la elección en la educación, aportando suficientes fondos, aportando suficientes dineros para que nuestra educación funcione bien. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Terminado el turno de los Portavoces, para contestar a los distintos Portavoces, tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Muchas gracias. Creo que hay algunas conclusiones a las que... o algunas conclusiones que podemos realizar.

La primera de ellas es que todos los que estamos aquí interviniendo hoy, no sólo por mi parte, sino los Grupos, hacen un reconocimiento a las peculiaridades de los funcionarios públicos docentes. Yo creo que eso es algo evidente y lógico, que tienen un reconocimiento a esas circunstancias, y que, por tanto, esas peculiaridades hay que regularlas de alguna manera.

Conjugar estas peculiaridades, este reconocimiento a ese derecho que tienen los funcionarios públicos docentes a... no sólo a los permisos y al reconocimiento de distinciones y honores, sino a las vacaciones y también a otro tipo de regulación que afecten a la jornada de trabajo, conjugar estas circunstancias con el derecho a la educación y con el funcionamiento adecuado de los centros docentes y, por tanto, una exigencia, un deber público de ese funcionamiento adecuado de los centros docentes, conjugar todos estos deberes y derechos es lo que le corresponde a la Administración Regional.

Tengo que decir -sí, ya entrando un poquito más en profundidad- que no es cierto que desde la Administración Regional no se haya adecuado con la suficiente diligencia.

Decir -es cierto- que el Reglamento de Distinciones es de enero del noventa y ocho, que la transferencia de Educación No Universitaria es de julio del noventa y nueve, aunque su efectividad es de enero del dos mil, pero hay que también recordar que el primer curso que... que en su integridad regula la Junta de Castilla y León, y concretamente la Consejería de Educación y Cultura, es el curso dos mil-dos mil uno, y es, precisamente, en octubre del dos mil cuando la Junta de Castilla y León regula un Decreto sobre vacaciones, licencias y permisos donde se establece que será supletorio la normativa del Estado.

Reconocido, por tanto, esas peculiaridades, reconocida la necesidad de regular esas peculiaridades, y teniendo un sistema reconocido por todos provisional y transitorio, nos tenemos que centrar en cuál son las soluciones que deben adoptarse por parte de la Administración. Soluciones entiendo yo que pueden ser dos: una -la que usted ha planteado-, una regulación con carácter -entiendo yo- un tanto impositivo en cuanto a que desde el carácter normativo, pues, lo que se pretende es siempre, lógicamente, utilizar ese carácter impositivo de la norma. Y una solución, que es la que se pretende buscar desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Educación, buscar una solución negociada, una solución pactada con los sindicatos, con las fuerzas sindicales más representativas dentro de la Mesa Sectorial de Educación.

Por tanto, yo no sé si la propuesta que usted hace tiene un carácter de trampa saducea, en la que la Junta de Castilla y León tendría que haber regulado esas peculiaridades y, entonces, el Partido Socialista hubiera criticado la ausencia de diálogo, la ausencia de negociación con los sindicatos.

En cualquier caso, sí que le reconozco por su parte la preocupación -como la de todos los Procuradores, lógicamente-, la preocupación por el sector de la Función Pública Docente. Y entiendo también y reconozco no sólo su buena voluntad, sino también la de Grupo por un sector que, desde luego, desde la Administración Regional, desde el Gobierno Regional no sólo estamos preocupados, sino que se está trabajando para dar una solución.

Y eso, precisamente, es en lo que se está trabajando en la Mesa Sectorial de Negociación de Educación, tratando de buscar una solución. Las dos partes están sentadas -los representantes sindicales, la Consejería de Educación- para buscar esa solución que conjugue las peculiaridades de la Función Pública Docente y las peculiaridades del derecho a la educación y del deber público de funcionamiento adecuado y correcto de estos centros docentes.

Y hace escasas fechas las dos partes llegaron al acuerdo de llegar... de llegar a un acuerdo lo más rápido posible para tramitar un Decreto, no sólo para los funcionarios, sino también para los laborales, que tenga un carácter general, pero que se reconozca esa negociación de los... de los representantes sindicales del personal docente, del personal funcionario docente, esa negociación para llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Y recientemente -como digo-, más concretamente el viernes veintitrés de noviembre, se reconoció esas peculiaridades, se reconoció la necesidad de llegar un acuerdo lo antes posible.

Y, por tanto, son las partes, en este caso -y vuelvo a insistir- los representantes sindicales y la Consejería de Educación, en representación del Gobierno y de la Administración Regional, los que nos tienen que dar a todos la solución adecuada que satisfaga a las dos partes.

Y quiero acabar mi intervención recordando cuál va a ser el carácter de este acuerdo. Evidentemente, tiene que tener un carácter retroactivo -yo creo que así se han reconocido por las dos partes en la propia Mesa Sectorial de Negociación-, un carácter retroactivo desde el momento en que es transferida la Educación No Universitaria a la Junta de Castilla y León para que todas... para que todos estos funcionarios y laborales se les reconozcan esta serie de peculiaridades y estos reconocimientos de honores y distinciones, a los que, lógicamente, todos tienen derecho.

Por tanto, no tiene un carácter discriminatorio, simplemente hay una -podíamos decir- suspensión de los efectos en el tiempo por querer buscar un acuerdo con las fuerzas sindicales, por querer buscar una solución que por parte de la Administración también satisfaga a los representantes de los trabajadores públicos docentes.

Y tengo que aclarar que no hay discriminación por el hecho de que en la actualidad existan funcionarios públicos docentes que aparezcan en esas tareas... en esas listas que se elaboran por parte de las distintas Consejerías, porque hay una distinción. Hay que hacer la distinción de aquel funcionario público docente que realiza tareas docentes, y que, por tanto, en este momento no deben entrar en ese... en esos listados de los que usted ha hablado de reconocimiento de reconocimiento de distinciones y de honores, y los funcionarios públicos docentes que no realizan tareas docentes, sino que realizan tareas administrativas, y que, por tanto, el que se le reconozcan estas distinciones no está poniendo en cuestión ese derecho a la educación y ese deber público del buen funcionamiento y el correcto funcionamiento de los centros docentes.

Por tanto, tengo que concluir: creo que todos estamos convencidos, este reconocimiento de las peculiaridades; todos tenemos claro también que estas peculiaridades deben conjugarse con otros derechos y otros deberes, como son el derecho a la educación o el funcionamiento de los centros docentes de manera adecuada. Diferimos en la fórmula adecuada para dar solución a esta situación. Y yo creo que volvemos a coincidir en darle todos ese carácter retroactivo a esa solución pactada con los sindicatos.

En cualquier caso, reconociendo la buena voluntad por parte de todas las personas que intervienen en este sentido, yo creo que lo más adecuado es dejar a las partes dentro de la Mesa Sectorial de Negociación, a los representantes sindicales y a la Administración, que nos den ellos la solución, que seguro que si los representantes sindicales firman un acuerdo, creo que ni los representantes políticos, en este caso, ni la Administración Regional tenemos que poner ninguna pega. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Y gracias, señor Consejero. Bueno, hoy estamos asistiendo a una... a una comparecencia en la cual los esfuerzos de clarificación que hace el Gobierno Regional, el Grupo Parlamentario que le apoya trata de confundirlos. Y, por lo tanto, pues asistimos a un ejercicio ciertamente extraño. Porque aludiendo a debates anteriores en relación con esta materia, pues, sencillamente, lo que se genera es confusión desde el Grupo que apoya al Gobierno. Es decir, no se puede hablar de que aquí se está cumpliendo escrupulosamente la normativa autonómica cuando estamos reconociendo que no hay normativa autonómica específica, y que la normativa autonómica que tenemos general para el conjunto de los funcionarios consideramos... o considera el Gobierno Regional que no es de aplicación al colectivo... al sector de docentes.

Por lo tanto, no añadamos confusión donde no la hay, como no agradezcamos lo que no hay que agradecer, que es la diligencia de la Junta de Castilla y León en comparecer ante esta Comisión cuando decimos que es una Comisión... una comparecencia que lleva un año de retraso. Por lo tanto, pues en fin, no traigamos intervenciones estándar que puedan despistarnos del contenido concreto y, en fin, de cierto interés para un colectivo importantísimo de gente como el que hemos pretendido traer hoy aquí. Como no insistamos en definir como funcionarios peculiares a los docentes, definamos como peculiares las actividades que desarrollan, no a los funcionarios en sí.

Y no insistamos en que se va tan lejos con las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular en estas Cortes a iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, que después apreciamos que ni a través de la enmienda, ni a través de la presión política, ni a través del diálogo, ni a través de la negociación, ni a través de lo que se supone influencia del Grupo Parlamentario mayoritario en estas Cortes ante el Gobierno Regional, pues no contribuyen en nada para resolver. Por lo tanto, pasemos de largo eso y vayamos a lo... a lo que, en mi opinión, es la esencia de la intervención del señor Consejero para hacer dos o tres consideraciones ciertamente breves.

Mire, conjugar deberes y derechos eso se llama gobernar, señor Fernández Mañueco. Entonces, créame que hasta a mí me gusta a veces que el Gobierno gobierne, aunque sea un Gobierno del Partido Popular; me gusta que el Gobierno gobierne en lo que implica que toma decisiones, que resuelve problemas, de una forma acertada o equivocada -eso será siempre opinable-, pero que toma decisiones. Por lo tanto, yo creo que aquí no se trata... no se trata de ocultar la falta de toma de decisiones, camuflarla con la existencia de diálogo abierto. Porque el diálogo abierto, sin duda, es la mejor medicina para que las soluciones que se adopten sean las adecuadas; siempre y cuando ese diálogo sea fructífero, sea rápido, sea generoso y se materialice en disposiciones que resuelvan el problema objeto del diálogo. Porque, en nuestra opinión, el diálogo por el diálogo, que no se materializa en la adopción de decisiones, pues sencillamente sirve para distraer la atención de los problemas.

Y, por lo tanto, dos años de competencia en materia de Educación No Universitaria, creo que han dado tiempo más que suficiente para establecer esas mesas de diálogo entre la administración... la administración educativa de la Comunidad Autónoma y los agentes sociales para tener resuelto, no este problema, que es una parte del conjunto de los problemas, por más que haya servido de detonante, sino para resolver el conjunto de los problemas que afectan a las relaciones entre la comunidad educativa y la administración educativa.

Por lo tanto, el diálogo como instrumento, no el diálogo como fin. Porque, si no, eso sirve para camuflar, insisto, la falta de toma... la toma... la falta de toma de decisiones.

Desde luego que el Grupo Parlamentario Socialista apoyará y avalará y hará suya la negociación o las conclusiones de la negociación a la que lleguen los agentes sociales con la administración educativa. Nos atrevemos a pedirle a usted, como representante hoy aquí de esa administración educativa, que agilice al máximo esa negociación como consecuencia de -debe usted reconocer aquí- que dos años es un tiempo más que razonable para haber alcanzado acuerdos al respecto.

Y me va a permitir que le diga que alguna utilidad tiene la tarea de Oposición, por más que desde el Grupo Parlamentario Popular, pues, se trate hasta de negar esa utilidad a las tareas de Oposición. Yo creo -y como nadie es perfecto, ni siquiera ustedes- que este asunto, pues, se les había escapado. Es un asunto que ustedes tenían regulado para un cuerpo de funcionarios determinado, y que, de repente, pues, se dan cuenta de que hay un colectivo nuevo, un colectivo muy importante, un colectivo que tiene peculiaridades y que puede hacer uso o pretender hacer uso de ese derecho.

Y es a partir de ese momento, ¿eh?, cuando nosotros se lo planteamos, que caen en la cuenta de que esto habría que regularlo y que esto habría que sacarlo adelante y demás. Y dentro de que no habían caído en ese detalle, pues tampoco han sido excesivamente diligentes en la búsqueda de soluciones. Porque, insisto, yo creo que, en relación con el personal sanitario, de otra manera, de otra manera, pero también pueden darse circunstancias similares, porque también es un personal que tiene... cuyas funciones tienen peculiaridades.

Y no pongamos tanto énfasis para justificar que no hemos hecho nada, o que la Administración Regional no ha hecho nada en esta materia, en que es tremendamente complicado conjugar el derecho constitucional a la educación con los derechos individuales del personal que presta sus servicios en el ámbito educativo. Porque, siendo eso cierto, también es un derecho constitucional el funcionamiento ordinario de todos los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma; y la insistencia en esa peculiaridad, en la dificultad de conjugar esos dos derechos referidos al ámbito educativo, sencillamente, pueda acabar poniendo en evidencia al resto del personal funcionario, al cual se le conceden los honores, se les conceden las distinciones, se les concede las vacaciones, se les concede los permisos, porque su ausencia pasa desapercibida, porque da igual que vayan que no.

Por lo tanto, no insistamos tanto en esa línea argumental, porque, en mi opinión, estamos poniendo en evidencia al resto de los funcionarios. Todo el personal funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma cumple una tarea constitucional; los derechos de los ciudadanos tienen carácter de derechos constitucionales en ser atendidos, respetados y resueltas sus necesidades por la Administración Pública; y, por lo tanto, no confrontemos, no confrontemos o no utilicemos como argumento unas determinadas peculiaridades para poner en evidencia, pues, en fin, lo que puede ser el carácter más o menos trascendente del papel del resto de los funcionarios.

Y, por último, en lo que se refiere a la pregunta concreta que le hacía sobre personal docente que ha figurado en esos listados y que ha sido beneficiario de los derechos a los que se refiere el Reglamento de Distinciones, la respuesta que usted me da -y es una respuesta correcta, que así la entiendo yo-, que habría que distinguir entre personal docente en tareas docentes y personal docente en otras tareas, por la trascendencia que tiene el ejercicio de la profesión docente, siguiendo su línea argumental.

Y, bien, un Director Provincial de Educación ¿es trascendente o no para el normal funcionamiento de la administración educativa en una provincia determinada? Porque si no lo es el Director Provincial de Educación, creo que menos lo será un humilde profesor. Y resulta que de un... que yo sepa, por lo menos, un Director Provincial de Educación de una provincia concreta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, obviamente del Partido Popular, sencillamente ha disfrutado de los derechos que se recogen en el Decreto de mil novecientos noventa y ocho.

Y estará usted de acuerdo conmigo que la tarea de un Director Provincial... se supone que esa sí que es básica para el funcionamiento del derecho constitucional a la educación. Y, si no lo fuera, cuando menos debiera ser ejemplificadora. Cuando como responsable de la administración o representante de la administración educativa en una provincia determinada, debe ser consciente que este está siendo un objeto que ha generado cierta polémica y demás.

Y, por lo tanto, esa situación se ha dado; y yo creo, personalmente, que es una situación criticable, desde luego, en términos políticos.

Termino diciendo que en la parte positiva de la intervención que usted ha tenido -que la ha tenido y así la asumimos-, en fin, que la negociación termine cuanto antes, y que, con el carácter de retroactividad del acuerdo y, por lo tanto, la suspensión en lo que se refiere al tiempo de los requisitos que se establecía en el Decreto mil novecientos noventa y ocho, podemos encontrar una solución. Es decir, que, una vez que se alcance ese acuerdo, todo el personal funcionario pueda acogerse a los beneficios que se deriven de ese acuerdo desde la fecha en que la transferencia fue efectiva, es decir, desde enero del año dos mil. Yo creo que eso es un pie positivo para la búsqueda de una solución; lo que no evita, en fin, que consideremos que estamos obrando con escasa diligencia o con demasiado retraso. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Tiene la palabra doña Daniela Fernández.

LA SEÑORA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, no dudamos de la buena voluntad, quizás; pero, desde luego, ha habido una falta de diligencia, al menos en el tiempo, quizás por el cambio continuo de la Consejería y, por lo tanto, del equipo de la Consejería, que ha creado -a nuestro entender- una desestabilización en esta Presidencia, lógicamente; lógicamente, es lógico. Claro, que de eso no tienen culpa los ciudadanos. De los avatares que tenga el Partido Popular no tienen la culpa los ciudadanos; sin embargo, lo están pagando.

Parece ser que el retraso se deriva del excesivo ánimo democrático que tienen ustedes de negociaciones con los sindicatos. Mire, no me sirve como excusa, porque, si en dos años no se han puesto de acuerdo, o sea, entendiendo..., porque si ellos tienen la culpa, o sea, si esto es el culpable -de alguna manera, llamándole, entre comillas, "culpable"- del retraso, o muy enfrentadas están las posturas -y entonces esto se puede alargar en el tiempo indefinidamente-, o no ha habido tanta negociación como usted dice, o empezaron antes de ayer las negociaciones.

Es decir, ustedes se refugian en que no hay un vacío legal. No hay un vacío legal en este caso, ¿eh?, porque hay muchos casos que sí lo hay. En este caso, no; se aplica la supletoria. Pero eso... eso, Señoría, no es excusa. De cualquier forma, sí que me alegro de que a mi pregunta conteste de forma positiva y de que, aunque sea con retraso, haya unas medidas compensatorias al aplicar la retroactividad. Bien es verdad que cuando hay una compensación hacia atrás, nunca es del todo justa; no se disfruta o no hay... O sea, el tiempo que pasó y que no se disfrutó ese permiso, o no se tuvo ese privilegio, nunca se puede devolver íntegra la compensación esa que alguien estaba esperando.

Sí, no me ponga esa cara. Ya sé que para lo que vale lo que dan que daba igual. Efectivamente. Como si no la dan, como si no la dan. Mire usted, quitando los siete días de vacaciones, de verdad que como si no la dan. Pero lo cierto es que a alguien le hará ilusión la medalla, digo yo; y que tiene derecho a ella. Y que, a lo mejor, a los treinta, todavía no estaba quemado y le hacía ilusión, y cuando ustedes se la vayan a dar se la tiran a la cabeza, como han hecho algunos funcionarios que yo sé, que no la han recogido en su vida ni la van a recoger en su vida -la que le queda y si tiene vida-.

De todas formas, me alegro que sea retroactivo. Y, bueno, a ver si de una vez, año y medio que nos queda, no vuelven a cambiar al Consejero y, por lo tanto, a su equipo, y empieza a funcionar la Consejería, por lo menos, medianamente bien, teniendo en cuenta -cosa que no dudamos- de la buena voluntad tanto de usted como de sus antecesores. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Tiene la palabra don Emilio Arroita.

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Por ser muy breve en este segundo turno. Y reiterar, reiterar, alguna de las cuestiones que hemos marcado... que hemos dicho antes en nuestra anterior intervención y decir alguna cosa nueva también.

Y, por hacer referencias que se nos han hecho en esta Comisión a este Grupo en relación a su primera intervención, efectivamente, y yo vuelvo a reiterarlo -y a quien le moleste, pues, es su problema-, es decir, yo felicito al Consejero, porque él sí que ha acudido prontamente, siempre que se le ha pedido, y seguirá acudiendo. Pero, sobre todo, lo que me parece poco normal es que quien acusa de lentitud presenta Proposiciones en Comisiones bastante dificultosas, bastante atoradas por el número de temas pendientes: las presenta, van en Comisión; y, después, en Comisión, sin ni siquiera discutirlas, se retiran, dificultando aún más el funcionamiento de esta Cámara.

Y seguir dando la enhorabuena al Consejero por ese funcionamiento adecuado que se está haciendo de este tema como defensa de un derecho fundamental como es la educación. Y reiterar, y estar de acuerdo con el Consejero en este caso, que no ha existido tardanza en la aplicación, sino lo que está buscando es que se regule el tema perfectamente, al ser un tema que tiene unas peculiaridades -y reitero las peculiaridades de ese sector- que han de conjugarse con los derechos de los trabajadores. Y, por lo tanto, la mejor forma de conseguir esa norma que lo regule es pactar esa solución, y pactarla con los agentes sociales que representan a los docentes.

De esta forma, este Grupo, efectivamente -y reiterando lo que han dicho otros Portavoces-, impulsamos, pedimos un impulso a que esa negociación se realice lo antes posible, pero siguiendo los trámites para conseguir la mejor regulación para que se conjuguen ambos derechos.

Y a la pregunta que le hacíamos a este Consejero sobre cuáles eran las soluciones que había con la Junta de Castilla y León, nos parece importante el tema de la retroactividad. Y nos parece importante, porque, realmente, estamos solucionando a lo que se referían otros Portavoces en esta Comisión. Pero eso es a lo que menos importancia se le ha dado en sus intervenciones, cuando realmente estamos dando... estamos solucionando este tema, esta discusión que hay por parte de los trabajadores y la Administración.

Y reitero, y reitero que, efectivamente, y quizás ha habido un problema de que no se me ha entendido o no se me ha querido entender, y reitero: la escrupulosa aplicación de la normativa en la aplicación por la Consejería de Educación y Cultura, tanto de la normativa autonómica como de la estatal; la autonómica donde corresponde, la estatal donde corresponde.

Y, efectivamente, sí se ha hecho; es decir, aquí se dice que no se ha hecho. No, señor. Sí que se ha hecho, porque de momento estamos hablando que hay negociaciones, que hay acuerdo de retroactividad, que hay resoluciones, que está en marcha un nuevo decreto. Sí estamos haciendo. Y se está haciendo, y por eso este Grupo cree que se está obrando, la Junta de Castilla y León, en su negociación con los agentes sociales, está obrando de forma correcta; de forma correcta para adecuar estos dos derechos, y para seguir, y para conseguir que la norma que se aplique respete ambos derechos, el de los trabajadores y el derecho a la educación.

Y, por no seguir insistiendo sobre el tema de la peculiaridad, es que esta peculiaridad no se la inventa nadie; es decir, no es algo que se invente este Consejero ni esta Administración Autonómica; ya la propia... la propia legislación estatal hablaba de la propia peculiaridad.

Y muchas gracias, señor Presidente. Se me ha acabado el tiempo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para cerrar el... (Murmullos). Señorías. Señorías, por favor. Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ MAÑUECO):

Sí. Si me excedo en el tiempo, ¿puede utilizar otro mecanismo distinto del de tocar la sirena?

En cualquier caso, pocos argumentos nuevos he escuchado ya en esta segunda intervención. Si acaso para ratificar las dudas que existían sobre la solución adecuada o el mecanismo para buscar esa solución.

Pero, en primer lugar, decirle al señor Crespo que sí hay normativa autonómica; claro que hay normativa autonómica. Y la normativa autonómica lo que pone encima de la mesa es: busquen las partes la solución más adecuada, y que sea dentro de la Mesa Sectorial de Negociación de Educación donde se busquen las fórmulas que consideren más convenientes las dos partes.

En cuanto al ritmo de la negociación, lógicamente, no tiene intención... por parte, desde luego, de la Administración Regional, no tiene intención de que sea un diálogo abierto y permanente y eterno, sino que sea un diálogo que llegue a acuerdos concretos. Y el ritmo de la negociación -como he dicho- lo han pactado, dentro de esa Mesa Sectorial, las propias partes; y también ha habido... y a ese ritmo también se han establecido... no prioridades, pero sí urgencias. Y se han llegado a acuerdos en otras cuestiones; por ejemplo, se han llegado a acuerdos en el desplazamiento de docentes; por ejemplo, se han llegado a acuerdos también en materia de estabilidad en el empleo, acuerdos importantes que afectaban a una gran generalidad de la función pública docente. Y que esta Mesa Sectorial ha ido realizando esos acuerdos, y también -como digo- de satisfacción por las dos partes.

Y, en esta... en este ínterin, está la Mesa Sectorial de Negociación realizando la negociación que afecta a los permisos, licencias, vacaciones, y honores también, y distinciones que se tienen que realizar a la función pública docente.

¡Hombre!, en cuanto a lo que decía usted de que hay funcionarios que su asistencia pasa desapercibida o que no pasa desapercibida, eso -como usted sabe perfectamente- no es verdad, y eso no ocurre. Y las... la no... inasistencia de un funcionario o de un trabajador o un empleado público siempre está perfectamente justificada. Lo que sí hay que reconocer, que hay determinados colectivos que su presencia, su asistencia tiene que ser siempre obligatoria; en este caso, el colectivo de la función pública docente, o, en otros casos, de personal de Sanidad o personal que prestan sus servicios en centros sanitarios o en centros sociales.

Sí que tengo que decir que, según entiendo de sus palabras, la solución por la que ha optado la Administración Regional, y más concretamente la Consejería de Educación en coordinación con la Consejería de Presidencia y Administración Territorial... le parece adecuada. Y también hace un reconocimiento a ese carácter retroactivo del acuerdo al que se llegue dentro de unos días, unas semanas o cuando consideren oportuno la Mesa Sectorial.

Sí, por parte de la Administración Regional, poner en marcha, una vez que se llegue a ese acuerdo, todos los mecanismos para que se plasme en los distintos acuerdos lo antes posible. Y que, por parte de la Consejería de Presidencia, se va a prestar la máxima atención y celeridad a esta cuestión, que consideramos de primer orden y primera importancia para la función pública docente.

Y, por mi parte, pues nada más. Decirle a la señora Fernández, la Procuradora del Grupo Mixto, que, hombre, yo entiendo que mi intervención nunca puede entrar en situaciones particulares o personales de... que usted explicaba de desahogo de funcionarios, que a veces... yo... Estamos hablando de situaciones generales, y ahí es donde el Gobierno, y yo creo que el funcionamiento de esta Comisión, es donde debe intervenir y donde debe actuar. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Terminado el turno de los Portavoces, ¿algún miembro de la Comisión quiere hacer alguna... formular alguna pregunta o alguna observación al señor Consejero?

Pues, no habiendo ninguna pregunta ni ninguna... ningún asunto más que tratar, se da por finalizada la comparecencia del señor Consejero.

Por el señor Secretario se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR YÁÑEZ RODRÍGUEZ):

"Proposición No de Ley presentada por el Procurador don José María Crespo Lorenzo, relativa a financiación del coste de mantenimiento de las estaciones depuradoras municipales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 121".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don José María Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Es una pena que se haya... que se haya marchado el Consejero, porque seguro que el debate le iba... le iba a gustar. Igual el Presidente podía invitarle a que nos escuchara este debate, porque, al final, vamos a hablar de él, ¿no? Bien. Perdone... perdone la broma, ¿no?

Me refiero a que es un... una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista que guarda relación directa con los servicios... con algunos servicios, determinados servicios que prestan nuestros Ayuntamientos en la Comunidad Autónoma, que tienen su origen en la mejora en la potabilización de nuestras aguas y en el tratamiento de las aguas residuales. Que, por lo tanto, están en plena sintonía con las competencias que tiene nuestra Comunidad Autónoma en materia medioambiental, y también en plena sintonía con las competencias que tienen nuestros Ayuntamientos en materia de tratamiento de sus aguas residuales. Que todo ello forma parte de una vocación que se le supone al Gobierno Regional, o, en cualquier caso, que está en la esencia de los intereses generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como es la conservación medioambiental de nuestro patrimonio natural. Y que el caso concreto, o la manifestación concreta a la que nos referimos en este momento es la que hace referencia al coste de puesta en funcionamiento y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales.

Yo creo que, con carácter general, seguimos yendo con demasiada lentitud en el ámbito regional, en lo que se refiere a la puesta en marcha de tratamiento de las aguas residuales, del establecimiento de las estaciones depuradoras a lo largo de los cauces fluviales que surcan la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y, al mismo tiempo, pues se da la circunstancia de que, en aquellos casos en los que el Gobierno Regional, a través del convenio correspondiente, ha contribuido a la financiación de una estación depuradora de aguas residuales, ahora estamos apreciando, estamos observando que los Ayuntamientos, o son muy recelosos a su puesta en funcionamiento por el encarecimiento del servicio que ello conlleva y la falta de voluntad política de incrementar o de repercutir en el recibo correspondiente a los contribuyentes el coste de mantenimiento de esas estaciones de aguas residuales. En cualquier caso, también, en otras circunstancias, sencillamente, el incremento del coste del recibo no serviría -salvo que éste fuera espectacular- para financiar, para sostener esas estaciones depuradoras de aguas residuales. Y, en otros casos, se da la circunstancia de que algunas imperfecciones técnicas o de otro tipo, pues han hecho que estaciones depuradoras de aguas residuales a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma, sencillamente, ni siquiera se hayan puesto en marcha.

Yo creo que estamos hablando de un servicio importante y estamos hablando de una mejora en la calidad de vida en el medio rural y estamos hablando de una mejora sustancial en la calidad de la conservación de nuestros entornos medioambientales y, por eso, nos parece que, si se ha considerado una política ya desde la Unión Europea, y una política estratégica por parte de la Comunidad Autónoma, el incrementar el tratamiento de las aguas residuales, parece, sencillamente, absurdo que problemas económicos posteriores, ese esfuerzo inversor y esa voluntad política, sencillamente, no se materialice en el tratamiento cotidiano y efectivo de esas aguas residuales -insisto-, como consecuencia de las dificultades económicas por las que atraviesan nuestros Ayuntamientos, o el encarecimiento que esto podría suponer en la prestación de ese servicio.

Y es por ello que pedimos a la Junta de Castilla y León que establezca una línea de ayuda específica destinada a la financiación del coste de mantenimiento de las estaciones depuradoras instaladas en los municipios de Castilla y León. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR MIANO MARINO):

Gracias, señor Crespo. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Juan José Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señor Presidente, señor Presidente en funciones. Vamos a ver, sinceramente, yo esperaba, pues, una argumentación que me sacara de dudas sobre el objetivo final de esta Proposición No de Ley. Lamentablemente, yo le reconozco al señor Crespo... es una valoración absolutamente personal, pero creo, sinceramente, que es usted uno de los mejores Parlamentarios de esta Cámara, pero, me parece que es uno de los mejores... se lo digo sinceramente, pero creo que es uno de los mejores Parlamentarios de esta Cámara cuando tiene, como mínimo, un mínimo de convicción de lo que está defendiendo. Realmente, en este caso, pues ha hecho usted una intervención de pasada, excesivamente... excesivamente lineal, y quiero pensar que es porque no tiene demasiada convicción sobre lo que ha planteado, entre otras cosas, porque creo que es usted una persona que conoce perfectamente la Administración Local y también los problemas de la Administración Local.

Realmente, su intervención me invita a darle una contestación también muy lineal, en el sentido de decirle: pues, mire usted, la Consejería de Presidencia ha contemplado en el ejercicio dos mil uno más de 3.800 millones de pesetas para invertir en... cofinanciar inversiones y equipamientos en distintas infraestructuras; ha coordinado, en cierta medida también, a través de planes provinciales y el Fondo de Cooperación Local las prioridades fijadas por las Administraciones Locales; también, afortunadamente, cada vez más mancomunidades plantean actuaciones concretas en materia del ciclo integral del agua, bien en materia de abastecimiento bien en materia de depuración.

Pero, en fin, reconociendo la importancia de un servicio como puede ser la depuración de las aguas residuales o... otros servicios contemplados por la ley, no se consideraría oportuno establecer una línea de ayudas específica por cada servicio que haya que atender, puesto que, lógicamente, esto restaría eficacia, seguramente, y complejidad en la propia gestión de esas líneas de ayuda.

En cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, yo, esta mañana, pensaba si esta Proposición No de Ley podría ser no compartida por algún municipio o por alguna entidad local de nuestra Comunidad. Y trataba de encontrar argumentos para que algún municipio, alguna entidad local de nuestra Comunidad no estuviera de acuerdo con esta Proposición No de Ley que presenta usted. Pero, claro, dígame usted alguien que no está de acuerdo con que otra persona -o, en este caso, otra Administración- financie una... un gasto que es una competencia suya. Realmente, sería complicado encontrar un solo Ayuntamiento, una sola Diputación, una sola mancomunidad que no estuviera de acuerdo con que alguien le pague lo que está obligado a pagar él, ¿no?

Pero, claro, a partir de ahí, yo me planteo: una línea de ayuda específica para contribuir a los costes de mantenimiento de las EDAR; y me pregunto, bien, ¿y por qué no también una línea específica de ayudas para contribuir al mantenimiento de las ETAP? El de la EDAR es, al fin y al cabo... es la parte final del ciclo integral del agua, ¿por qué no también de la ETAP? Al fin y al cabo, también, además, la Junta ha contribuido, o ha convenido, o ha cofinanciado las inversiones necesarias para puesta en funcionar... para las puestas en funcionamiento de las estaciones transformadoras de agua potable.

Y digo yo: ¿por qué no también una línea específica para cofinanciar los gastos de mantenimiento de los polideportivos? Porque, realmente, estará usted de acuerdo conmigo en que también es raro el polideportivo en el que la Junta de Castilla y León no ha cofinanciado... no ha cofinanciado la construcción de esa infraestructura.

Pero, también, ¿por qué no una línea específica de ayuda al mantenimiento de parques y jardines en los que, a través de la Consejería de Medio Ambiente y de alguna otra Consejería, con frecuencia, la Junta de Castilla y León interviene en la creación de esa infraestructura.

O de recuperación de riberas, que también participa, ¿por qué no, después, contribuir la Junta de Castilla y León al mantenimiento de esas... de esas infraestructuras?

En definitiva, ¿por qué no una línea específica de la Junta de Castilla y León para cada una de las infraestructuras en las que participa, conviene o, en algunos casos, incluso ha realizado la inversión al 100%, independientemente de que, después, la competencia del mantenimiento sea de la Administración Local.

Bueno, como le decía, seguro que ni usted ni yo encontramos una sola entidad local en esta Comunidad que no esté de acuerdo con esta Proposición No de Ley, en la línea de que nos pague otro lo que tenemos que pagar nosotros.

Pero, mire, yo creo que, en primer lugar, debíamos tener un planteamiento de seriedad y de rigor. Usted ha esbozado... ha esbozado ligeramente cuál es el procedimiento por el cual se llega a la construcción, en este caso, de una estación depuradora de aguas residuales. Decimos en esta tierra que, normalmente, con nuestra palabra vale; pero es que, además, nos encontramos en un caso en el que, además de nuestra palabra, está la firma. Es decir, cuando se firman los convenios para la realización de una estación depuradora de aguas residuales, las partes se comprometen cada uno en una serie de obligaciones. Y las entidades locales lo que hacen es que firman un convenio en el que están obligados a la puesta a disposición de los terrenos y, además, firman, libre y voluntariamente, que después se recepcionará por parte de la Administración Local esa instalación y firma el que después tendrá que contribuir... el que tendrá que mantenerla después de lo que es el año de garantía, en el que el mantenimiento es por cuenta de la Junta de Castilla y León, tendrá que mantener esa instalación.

Y, lógicamente, y lógicamente se produciría una situación de agravio, también, en relación con las entidades locales que, habiendo firmado esas condiciones, sí cumplen con las mismas.

En fin, yo creo, Señorías, sinceramente, que a través de este criterio entraríamos en una dinámica de líneas específicas, de líneas específicas de ayuda para mantenimiento de servicios -que no son competencia de la Junta de Castilla y León-, absolutamente insostenible desde el punto de vista económico, y de difícil gestión, incluso, por la complejidad y porque el catálogo de nuevas líneas de ayudas que desde las Administraciones Locales se plantearía sería absolutamente imposible de abordar.

Cuestión diferente, cuestión diferente sería uno de los problemas que usted ha planteado: aquellas estaciones depuradoras que tienen problemas de puesta en funcionamiento, las que, evidentemente, la Administración Local no tiene que asumir. Hay una primera recepción -como usted bien sabe- por parte de la Junta de Castilla y León, hay un año en el cual se pone en funcionamiento y los costes de mantenimiento son absorbidos por la propia Junta de Castilla y León, y así está en las condiciones del pliego. Y lo que tiene que hacer la Administración Local, si tiene problemas, tiene deficiencias de funcionamiento, evidentemente, es no asumir, no asumir la recepción de esa estación depuradora de aguas residuales. Pero eso no justificaría, eso no justificaría, en ningún caso, la creación de una línea de ayuda específica.

Ha hecho usted una afirmación que usted sabe perfectamente, sabe perfectamente que no es cierto; sabe perfectamente que no es cierto, el que el incremento de los costes de recibo sería tan disparatado, que hacen absolutamente inviable que a partir de... de esa fórmula pueda ser sostenido el mantenimiento de la estación depuradora. Usted sabe perfectamente que eso no es cierto. Y, por lo tanto, en ningún caso se pueden argumentar problemas económicos para no puesta en funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales.

Y usted mismo, también, se ha dado respuesta, en parte, a su propia Proposición No de Ley. Es decir, hay un convenio en el que las partes se obligan y la Administración Local se obliga al mantenimiento y a la puesta en funcionamiento, y a continuar la puesta en funcionamiento después de un año del período de garantías.

Estoy seguro que en la segunda intervención usted dará otros argumentos que nos permitan, nos permitan poder aclarar alguna cuestión más. Y ésta es la razón por la que, evidentemente, nos oponemos a esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Bien. Gracias, señor Presidente. Le agradezco sus amables referencias personales, y le voy a hacer una también en este momento, ¿no? Es difícil defender con pasión el sostenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Castilla y León, y más cuando el Grupo Popular está despidiéndose efusivamente del Consejero de Presidencia y mantiene un diálogo fluido entre ellos, ¿no? Entonces, es difícil poner la pasión en eso.

Lo mismo que es una faena que un buen parlamentario como usted -y seguramente un buen Alcalde, porque así lo han querido sus conciudadanos- pues sea de los pocos que se tienen que oponer a lo que usted mismo reconoce que sería bien recibido por cualquier Alcalde de cualquier municipio de Castilla y León. Y eso sí que forma un poco parte de la perversión de los Grupos Parlamentarios -en este caso le corresponde al suyo, ¿no?- encargar ni más ni menos que a un Alcalde oponerse a una posible ayuda de la Administración Regional.

Pero, en cualquier caso, miren, pues, es evidente que... -y de sus propias palabras se desprende- que ésta es una iniciativa que sintoniza con lo que cualquier Ayuntamiento en su sano juicio querría: y es que alguien le ayude a mantener y a financiar servicios que, efectivamente, son competencia de la propia Institución Local y que, progresivamente, se ve en la incapacidad de prestarlos en condiciones de calidad.

Y ha hecho usted una relación -y tiene razón en ella, y tiene razón en ella- de materias en las cuales, por qué no, el Gobierno Regional -en la lógica argumental que yo vengo utilizando desde hace bastante tiempo en relación con este asunto-, por qué no el Gobierno Regional podría implicarse. Y ha citado, pues, las estaciones de tratamiento de agua potable, ha citado los polideportivos... yo le añado alguna más, y se van a debatir en estas Cortes, pues, cuando el turno... cuando el turno le llegue.

Por ejemplo, usted sabe que cada vez tienen más problemas los... determinados Ayuntamientos para financiar el gasto corriente del centro escolar que está ubicado en su municipio. Ésta es una vieja discusión, es una vieja discusión; pero, aquí, con los problemas de despoblamiento, los problemas de envejecimiento de población y los problemas de natalidad, pues, hay determinados Ayuntamientos que siguen mantenimiento colegios comarcales o rurales agrupados y que están teniendo muy serias dificultades para que ese centro de enseñanza pues se mantenga en un estado de conservación óptimo, lo cual conlleva a que, si los deterioros y los servicios no se prestan convenientemente, pues los padres entiendan que haya una merma de calidad, etcétera, etcétera, etcétera, y estamos manteniendo, estamos cargando en los Ayuntamientos ese asunto.

Hay incluso normativa autonómica, como puede ser la Ley de Accesibilidad y el Reglamento que la desarrolla, que establece una serie de obligaciones para la adaptación de los edificios a la normativa autonómica, en la cual -como dicen ustedes-, cero patatero de financiación por parte del Gobierno Regional, y, sin embargo, la propia normativa autonómica va a obligar a la adaptación de los edificios públicos de Castilla y León y también de los Ayuntamientos a la normativa de accesibilidad. Eso va a costar un montón de dinero y vamos a ver cómo vamos a hacerlo para que los Ayuntamientos cumplan la propia normativa autonómica.

Y eso nos lleva... y eso nos lleva a una reflexión que acabaremos compartiendo. Es decir, cuando nosotros hemos planteado aquí la línea de ayuda específica es porque queremos poner en evidencia -y es una estrategia de Grupo y nos van a permitir que sigamos con ella, porque nos permite hablar de estas cosas-, poner en evidencia que hay determinadas inversiones que en los Ayuntamientos se hacen una vez, como puede ser un polideportivo, que posteriormente habrá que conservar y que habrá que mantener. Y que una estación depuradora de aguas residuales, si está perfectamente y demás, pues se hace una vez y tiene que durar veinte o veinticinco años, o lo que dure. Una estación de tratamiento de agua potable, o un gran espacio urbano, etcétera, que se... que se acondicione, o... En fin, estamos poniendo sobre la mesa que, realmente, en muchas ocasiones, las necesidades inversoras de obra nueva en nuestros Ayuntamientos comienzan a estar cubiertas y, por lo tanto, ahora el problema no es tanto de captar nuevas inversiones para nuevos servicios, sino que esos servicios se presten en condiciones de calidad.

Y sabe que de esto hemos hablado y de esto, pues, se ha iniciado algo también en estas conversaciones que, con altibajos, llevamos en relación con lo que se denomina "pacto local", y alguna apreciación en este sentido, yo he creído escuchar al Consejero en sus comparecencias aquí, que ésta es una realidad objetiva que sólo contemplamos en estos momentos para los municipios de más de veinte mil habitantes -y lo hemos hablado muchas veces, el famoso Fondo de Apoyo Municipal etcétera-; y que, progresivamente, esto debe llevarnos a la reflexión de que la Comunidad Autónoma va a tener que establecer un sistema de cooperación económica con las Corporaciones Locales similar al que mantiene el Estado en clave de Fondo Nacional de Cooperación Local, para que, en base a una serie de parámetros, en el fondo, lo que se esté es posibilitando recursos a los Ayuntamientos para que mantengan en condiciones óptimas de calidad servicios básicos, que, siendo de competencia municipal, evidentemente, no van a poder seguir prestando y manteniendo. Porque incluso Ayuntamientos -y termino-, Ayuntamientos de población importante, que están sufriendo recesión por las condiciones que sea, y tal, que en un momento determinado el esfuerzo inversor de distintas Administraciones les ha dotado de unas instalaciones magníficas, no hay nada más patético ni más triste que esas instalaciones se vayan viniendo abajo, o se vayan deteriorando, o no se vayan a reponer, porque, sencillamente, el Ayuntamiento no los puede... no las puede mantener en perfecto estado de conservación. Y se han citado a los polideportivos; y, además, muchas veces los polideportivos municipales se utilizan para competiciones que organiza la propia Administración Autonómica, etcétera, etcétera.

En fin. Hoy, en relación con las estaciones depuradoras de aguas residuales, lo que hemos querido traer de nuevo a estas Cortes -y lo haremos en lo que queda de Legislatura-, que hay servicios que están o deben estar para garantizar calidad de vida a los ciudadanos, que, siendo de competencia municipal, no pueden ser sostenidos con los recursos de los que los Ayuntamientos disponen y, por lo tanto, creemos que la Comunidad Autónoma debiera implicarse en ello. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra don Juan José Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señor Presidente. Agradezco, además, enormemente, que en la mañana en la que llevamos haya dicho usted correctamente mi nombre y los dos apellidos... En fin, hay mañanas que se empiezan .....

En cualquiera de los casos, centrándonos en el... en el asunto que nos ocupa en estos momentos. Vamos a ver, señor Crespo, independientemente de que después vayamos a uno de los fondos del asunto -y que, efectivamente, yo así lo interpretaba-, estábamos hablando, en el fondo -no sé hasta qué punto del fondo, muy en el fondo-, el famoso gasto incondicional. Eso es de lo que estábamos hablando. Lo que ocurre es que aquí se trae una Proposición No de Ley muy concreta, en la que se hacen una serie de afirmaciones; y entenderá usted que yo tengo que ceñirme, en la medida de lo posible y dentro de este tono -yo entiendo, que de corrección en el que nos movemos-, a la cuestión concreta que se ha planteado.

Y, realmente, en materia de agua, en todo lo que es el ciclo de agua, usted conoce exactamente igual que yo que el gran problema que tiene en estos momentos el coste de mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales no es más que la herencia de vicios del pasado en materias relacionadas con el ciclo del agua.

Usted sabe perfectamente -igual que yo- que en esta Comunidad Autónoma, donde en muchos de nuestros municipios había problemas para los abastecimientos de agua, en esos municipios, curiosamente, no se cobraba el abastecimiento del agua. No el agua, que, evidentemente, no se cobra; pero el servicio, los servicios, los costes de las infraestructuras, los costes de mantenimiento de las infraestructuras, históricamente, en esta Comunidad apenas se han cobrado. ¿Pues porque era impopular? Pues, probablemente, porque era impopular.

Pero lo que no podemos hacer es caer en el error que, por vicios del pasado, en un ciclo... en una parte del ciclo del agua, como era el abastecimiento, ahora, que estamos hablando del tratamiento de las aguas residuales, caigamos en el mismo error y pensemos que es mucho mejor que alguien lo pague a que quien pague quien realmente genera la necesidad de depurar esas aguas.

Por lo tanto, yo creo que por una cuestión de responsabilidad, creo que ahí todos debemos estar de acuerdo en que no podemos, no podemos hacer la tarea fácil de decir "ustedes no hagan esfuerzo, el esfuerzo lo haremos nosotros; conseguiremos que otra Administración pague lo que ustedes tendrían que pagar, y qué bien vamos a quedar todos".

Yo creo que en esta materia hay que ser coherente, hay que ser serio. Y, además, le digo sinceramente -yo creo que en este planteamiento coincidiríamos usted y yo sin ningún problema-: eso hay que pagarlo.

Y mire, una estación depuradora de aguas residuales, quiero entender que cualquier estación depuradora de aguas residuales está adecuadamente dimensionada en función de las necesidades que tiene que atender. Como usted bien sabe... es decir, si no... si hay un caso en el que no es así, yo coincidiré con usted en que esa estación de aguas residuales no tenía que haberse realizado así o tenía que haberse proyectado una EDAR diferente. No tengo un dato en el que me diga que no es así, y, por lo tanto, tengo que partir del principio de que la EDAR, cualquier EDAR está adecuadamente dimensionada.

Y por poner un ejemplo concreto -por aquello de bajar de las musas al teatro- de lo que cuesta realmente la depuración de aguas residuales, yo le voy a dar un dato: una EDAR para una población equivalente... -porque, como usted sabe, en el tratamiento de aguas residuales se habla de población equivalente, no de población; de población equivalente-, una EDAR para una población equivalente de quince mil habitantes tiene un coste de mantenimiento anual, para la prestación del servicio, que oscila entre los 20 y los 22.000.000 de pesetas, el coste de mantenimiento; evidentemente, es un coste elevado. Pero si tenemos en cuenta que estamos hablando de una población equivalente de quince mil habitantes, con un coste de 20 a 22.000.000 de pesetas, simplemente, con una operación matemática, estaríamos hablando de un coste aproximado de incremento del recibo, de la tasa -en caso de que se haya creado o, si no, de la tasa nueva que habría que crear-, de entre 1.000 y 1.500 pesetas/año, año.

Pero si tenemos en cuenta que estamos hablando de población equivalente, significa que en población equivalente se contempla, se contemplan las industrias y actividades empresariales, que, evidentemente, generan más... más residuos a tratar; lo que significa que, evidentemente, tendrán que pagar más, y lo que es al ciudadano de a pie, lo que es al ciudadano de a pie estamos hablando de incrementarle la tasa en torno a unas 800 pesetas/año, o lo que es lo mismo: menos de 100 pesetas al mes; o lo que es lo mismo, si nos ponemos en términos demagógicos, en fin, una caña pagada entre dos. Yo creo que no se pueden hacer afirmaciones de que eso no es sostenible.

Cuestión diferente es lo que usted decía. Y sí tengo noticia, sí que tengo noticias de que hay alguna estación depuradora de aguas residuales que tiene problemas de funcionamiento, problemas técnicos de funcionamiento. Y ahí la Administración Local, evidentemente, no debe recepcionar esa EDAR, porque -usted bien sabe- hay una recepción por parte de la Junta, hay un año obligatorio, un año en el que... tiene que estar en funcionamiento y el mantenimiento es por cuenta de la Junta de Castilla y León, y es después cuando la Administración tiene que absorberte.

Entonces, yo creo que hay todo nuestro apoyo a todas las Administraciones; pero por razones de costes, realmente, de prestación del servicio lo que tenemos que acostumbrar a todo el mundo es que no podemos cometer los mismos errores en el ciclo del tratamiento que en el ciclo de abastecimiento históricamente se han cometido en esta Comunidad. Yo le puedo dar un dato -hacía referencia a mi condición de Alcalde-: probablemente, el municipio del que yo soy Alcalde históricamente ha sido el municipio de Segovia con más agua, curiosamente, siendo el que tenía más agua y el que no tenía problemas de abastecimiento, es el que cobraba más caro la prestación del servicio por parte de mis antecesores -que yo he seguido-, y creo que acertadamente así lo hacían, ¿no?, acertadamente así lo hacían.

Pero, claro, el problema, señor Crespo, es el de fondo: estamos hablando de gasto incondicionado. Pero ésa no es la Proposición No de Ley que hoy aquí se ha presentado, de manera que hablar de gasto incondicionado, ¿eh?, usted y yo hablaremos de gasto incondicionado ..... le recuerdo aquello de ese maravilloso libro -que seguro que usted ha leído- de Michael Ende, que es "La Historia Interminable", cuando decía aquello: "pero esto es otra historia de la que hablaremos en otro momento".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Bueno, pues nada. En un tono amable, pero al final las posiciones son divergentes, ¿no?, son divergentes. Y el Grupo Parlamentario Popular no apoya una iniciativa puntual en razón a una argumentación; y en nuestra opinión, pues, esta iniciativa puntual que trae hoy aquí el Grupo Parlamentario Socialista, pues, incide en un problema general que padecen desde distintos ámbitos los municipios y las Corporaciones Locales de Castilla y León.

Yo creo que, independientemente de consideraciones técnicas y de consideraciones económicas, aunque sean... aunque sean sustanciales, el Gobierno Regional tiene plenas competencias en materia de conservación medioambiental y, por lo tanto, siendo esa competencia en el ámbito de la depuración de las aguas residuales compartida con las Corporaciones Locales, a mí me parece que para el conjunto de los ciudadanos -y lo enfoco desde esta otra perspectiva- el objetivo final no es tanto quién lo paga, sino que la depuración de las aguas sea una constante, sea rápida y sea efectiva en cumplimiento de plazos, incluso que a nosotros mismos nos hemos dado.

Yo creo que desde la perspectiva de dejar exclusivamente en manos de nuestros Ayuntamientos su obligación de poner en funcionamiento y de depurar las aguas residuales que generan, pues yo creo que no va a ser la mejor manera con la que el conjunto de la Comunidad Autónoma afronte esa obligación y esa necesidad del tratamiento de las aguas residuales de Castilla y León.

Y, en cualquier caso, al mismo tiempo, pues yo creo que, al no tener una uniformidad respecto del mantenimiento de esas estaciones depuradoras, pues veremos sorpresas desagradables en el transcurso del tiempo, como consecuencia que los niveles de funcionamiento, de efectividad, de aplicación, de diligencia con el que unos Ayuntamientos y otros cumplen con esta materia, pues, sencillamente, va a ser diferente, va a ser diferente, y quien se habrá de resentir, pues, es la calidad de vida en el medio rural y quien habrá de resentir es el propio entorno medioambiental.

En cualquier caso, yo creo que ésta era una... una más de las líneas posibles de compromiso con las Corporaciones Locales de Castilla y León que la Junta de Castilla y León podía asumir. Desde luego que no es la única; desde luego que no será la última vez que tratemos de estas cuestiones; y desde luego que pensamos que -insisto, ¿no?- una falta de mayor compromiso y una falta también de clarificación, pues va a hacer que ese servicio, que ese compromiso, que es el de la depuración, pues no vaya al ritmo deseable. Porque -y con ello termino- no es posible o no se debe quizá utilizar en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, si nos referimos a ella, ¿eh?, estándares que pueden obedecer a ámbitos de Comunidades Autónomas distintas. Cifrar poblaciones tipo de en torno a quince mil habitantes y demás en Castilla y León, pues, en fin, es... Ya, ésa es la cuestión. Quiero decir que quizá hay datos que, efectivamente, pueden avalar que el incremento que supone para los vecinos el sostenimiento de su estación depuradora de aguas residuales en función de la población es un gasto escaso, cuando lo llevamos al terreno de Castilla y León, en la cual la realidad, pues, es distinta y, probablemente, la instalación de la estación depuradora se asemeje en sus costes de mantenimiento muy mucho a los de poblaciones superiores, eso supone un incremento. En cualquier caso, y eso no es óbice para reconocerlo, quien presta el servicio es el Ayuntamiento y quien tiene soportar el coste -digamos- político de incremento de la tasa por prestación de ese servicio es el propio Ayuntamiento. Y yo sé que hay Ayuntamientos que son muy aficionados a prestar servicios sin repercutirlos a los vecinos, y eso, a su vez, debiera tener su tratamiento.

Termino aquí el argumento. Creo que es una iniciativa en defensa de los intereses de los municipios de Castilla y León, y que por eso debiera ser aprobada. En cualquier caso, pues otra ocasión habrá. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Terminado el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: quince. Votos a favor: seis. Votos en contra: nueve. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Por el señor Secretario se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR YÁÑEZ RODRÍGUEZ):

"Proposición No de Ley presentada por el señor Crespo, relativa a gestiones con el Ayuntamiento de Palencia para la cesión del Campo de la Juventud, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número ciento cincuenta y ocho".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Con más brevedad y con más entusiasmo, si es posible, ¿no?

El Campo de la Juventud para los vecinos de Palencia es la instalación deportiva emblemática de la ciudad de Palencia, junto con las piscinas climatizadas, junto con el polideportivo municipal, junto con instalaciones dependientes de la Diputación Provincial, junto con nuevas ofertas en materia deportiva que poco a poco se están poniendo en funcionamiento, como frontones cubiertos, etcétera, pues yo creo que configuran a la ciudad de Palencia como una ciudad que intenta dar satisfacción y salida a la práctica deportiva de los vecinos y vecinas de Palencia capital, también de la provincia, y en ocasiones, en razón a los eventos que allí se viven en materia de competiciones deportivas, de ámbito autonómico y nacional, y en algunos casos hasta internacional.

Por lo tanto, la apuesta de la ciudad de Palencia por una oferta de instalaciones deportivas, que en estos momentos incluso está siendo objeto de un amplio debate ciudadano en clave de construcción de un nuevo estadio municipal de fútbol, que no sólo sería de fútbol, sino que supondría un gran complejo deportivo, sin duda alguna se vería perfectísimamente complementada y hasta mimada si la gestión del Campo de la Juventud de Palencia, sito en el centro de la ciudad y en una de las arterias de comunicación más importantes de la ciudad de Palencia, pudiera ser gestionado por el propio Ayuntamiento.

Qué duda cabe que conocemos algunos de los proyectos que el Gobierno Regional tiene referidos al Campo de la Juventud y, por lo tanto, damos por buenos esos proyectos que el Gobierno Regional tiene, y los consideramos tremendamente interesantes no sólo para la ciudad de Palencia, sino para el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo decimos que la gestión de las instalaciones deportivas es una vieja reivindicación de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de muchos Ayuntamientos que entienden que la mejora en la calidad del servicio que se presta en materia de ocio, en materia de tiempo libre, en materia de deportes es mejor y de mayor calidad cuando esa Administración tan próxima al ciudadano como es el Ayuntamiento gestiona -insisto, si tiene capacidad económica y capacidad humana para la misma-, cuando gestiona esa instalación deportiva.

Por eso creemos que en un contexto general de Pacto Local, en un contexto general de posible transferencia de competencias en favor de las Corporaciones Locales, y, por lo tanto, de incremento... o de inicio de un proceso de descentralización de la Comunidad Autónoma en favor de las Corporaciones Locales; entendiendo que a través de las campañas de juegos escolares, que están descentralizadas en favor de las Diputaciones Provinciales, etcétera; y específicamente en materia de actividad deportiva, entendiendo que el fomento, el impulso, la conservación, el mantenimiento, la mayor proximidad de los Ayuntamientos haría deseable que instalaciones emblemáticas, instalaciones fuertes estuvieran gestionadas por los Ayuntamientos, complementada o perfectamente combinada con las necesidades de ámbito autonómico, sería o redundaría en una mejora en la oferta deportiva que la ciudad de Palencia pudiera presentar no sólo a la ciudad y a la provincia, sino -insisto- a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estamos hablando de acercar la práctica del deporte a los ciudadanos, de gestionar eficaz y con proximidad unas instalaciones que estarían perfectamente gestionadas por el Ayuntamiento de la capital.

Por lo tanto, y en base a esos argumentos, es por lo que pedimos a las Cortes de Castilla y León que soliciten a la Junta iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de Palencia tendentes a la cesión al mismo de las instalaciones del Campo de la Juventud, previa -esto es algo más que evidente- correcta valoración de las necesidades de personal, conservación, mantenimiento y actividades a desarrollar en el mismo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Para consumir un turno en contra, por el Partido Popular... por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arroita.

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Y para manifestarle la opinión en contra de este Grupo, y basada fundamentalmente -como usted bien dice- en la cuestión de por qué no... no fue transferida esta instalación en su momento, cuando se hizo la transferencia del resto... de casi todas las instalaciones deportivas que estaban en manos... de la red de instalaciones deportivas que estaban en manos de la Junta de Castilla y León. Y sobre todo haciendo una referencia a qué funciones están desempeñando.

Y, seguramente, a un palentino no se lo tengo que explicar, pero yo debo en esta Comisión decir que estas instalaciones están claramente... están afectas a lo que es el desarrollo del Centro de Tecnificación y del Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo, que es la extensión y el complemento de las instalaciones que existen en Valladolid.

¿Y por qué... y por qué se mantienen estas instalaciones dentro de esta red... de la red de instalaciones gestionadas por la Junta de Castilla y León? Primeramente, por su centralidad geográfica en la Región, que... y sobre todo por la facilidad... la facilidad que da y las posibilidades que da el contar con una propia con una..., allí, dentro de las instalaciones, con una residencia, que es la que facilita que... la estancia de los deportistas de toda Comunidad que están desarrollando, que están implicados en estos programas.

Y como le reitero, es decir, no le voy a explicar, pero allí está la selección júnior de voleibol, están los deportistas del núcleo de fondo y medio fondo de atletismo. Éstos, más todos lo que están... que residen en Palencia, más los que están en las proximidades de Palencia, más algunos de Valladolid, y que son de este... del núcleo de atletismo -le digo- de fondo y medio fondo, están entrenando en estas instalaciones, y, además, forman parte del conjunto de lo que es el Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo de Castilla y León, parte fundamental de ese centro. Parte fundamental de estas instalaciones es mantenerlas dentro de la red de instalaciones. Aparte que ya están sirviendo de base las citadas actividades para... de los programas de centros de tecnificación deportiva que están desarrollándose por parte de la ciudad de Palencia.

Por eso le digo: ese fue el motivo, el motivo que... estas instalaciones no fueron transferidas, como ocurrió con el resto de las instalaciones que formaban parte de la red de instalaciones deportivas de la Junta de Castilla y León. Pero ¿por qué? Porque estas, efectivamente, y aquellas estaban dentro de las que tenían una función específica dentro de la red de instalaciones, y, por lo tanto, hacía necesario que permanecieran dentro de la gestión de la Junta de Castilla y León para optar a otras cuestiones -que son las que le voy a relacionar ahora-, son las que hacen que la Junta de Castilla y León no transfiriera, y no tenga intención -y con el apoyo de este Grupo-, de estas instalaciones.

Además, el desarrollo... con el desarrollo de las nuevas titulaciones que están desarrollándose, de técnicos deportivos, es necesario y se quiere poner en marcha -como usted bien decía antes- el Instituto Regional del Deporte, para la centralización de la formación de los técnicos deportivos de nuestra Comunidad Autónoma, que es lo que... de qué forma va a llevar estas instalaciones o que es parte fundamental. Porque esta nueva formación deportiva es la que va a dar acceso a las titulaciones de Formación Profesional de cada una de las especialidades deportivas; y, además, requiere de forma imposible de no cumplir que el Instituto o Escuela Regional de Deporte disponga de esas instalaciones, para que se pueda desarrollar. Tal y como está marcado, tal y como establece la legislación, tal y como establece la normativa, requiere que para impartir los currículum deportivos se tenga la residencia, se tengan las instalaciones, se desarrollen las cuestiones tal y como estaban marcando.

Pues, por lo tanto, el desarrollo de la actividad de formación de los técnicos de Castilla y León hace necesaria la permanente disponibilidad, por parte de la Administración solicitante, de las instalaciones.

Además, si lo que estamos hablando... desde luego, no podemos estar en desacuerdo -todo lo contrario-, el acceso al deporte, el fomento del deporte como desarrollo de los ciudadanos, los espacios y horarios de estas instalaciones están siendo... que no son utilizados, tanto los horarios como los espacios, están puestos a disposición, totalmente, de los usuarios que quieran utilizarlos, como no podía ser de otra forma. Obviamente, se les ha dado preferencia a lo que son las agrupaciones deportivas, frente a las peticiones de ciudadanos individuales.

Por lo tanto, nosotros creemos que es la responsabilidad de quien gobierna, la responsabilidad de desarrollar estos programas que yo le he dicho de formación de técnicos... de los técnicos de Castilla y León, el correcto desarrollo del Instituto Regional del Deporte, hace necesaria que esta instalación permanezca dentro de la red de instalaciones gestionadas por la Junta de Castilla y León, y de una forma totalmente necesaria para desarrollar esos proyectos, que quien -le digo- tiene la responsabilidad de gobernar quiere desarrollar, y los quiere desarrollar... Y no podría desarrollarlos de esta forma si no contase con estas instalaciones, con las que sí que cuenta.

Por lo tanto, en opinión de este Grupo -y viendo la opinión que creemos que es la correcta-, no podemos proponer ni siquiera las conversaciones que usted dice, porque no queremos que se tienda a que las instalaciones pasen a titularidad municipal, obviamente, respetando todas las afirmaciones que usted ha realizado en relación con este tema, de fomento, de acercamiento del deporte y todo lo demás, como no podía ser de otra forma. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Bueno, yo entiendo los argumentos que se han esgrimido desde el Grupo Parlamentario Popular esta mañana en relación con este punto, pero el límite a mi comprensión está en ni siquiera la voluntad de abrir un diálogo con una administración solvente, como es la Administración del Ayuntamiento de la capital palentina, para reflexionar conjuntamente -como estamos tratando de hacerlo aquí- sobre la mejor disponibilidad, y el mejor uso, y el mejor disfrute, y el mejor aprovechamiento, y la mayor proyección posible del Campo de la Juventud de Palencia. Es decir, porque argumentos en todos los sentidos podemos construir, y esos argumentos, pues, cada uno nos podemos quedar con ellos, si ni siquiera aceptamos la apertura de una mesa de negociación -a la que tanto ha aludido para todo hoy el señor Consejero por la mañana-, y que tendrá posteriormente la conclusión que haya de tener, en virtud, siempre, y en defensa de una mejor utilización de los servicios públicos y de una mayor atención a los ciudadanos.

Por lo tanto, me cuesta trabajo entender, ¿eh?, no ya que se nieguen a ceder al Ayuntamiento la gestión del Campo de la Juventud, sino ni siquiera a tratar con el Ayuntamiento de Palencia, a iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de Palencia para tratar de este asunto. Eso realmente me sorprende más. Y yo, sinceramente, pues hoy esperaba una de esas enmiendas a las que ustedes, a veces, son tan aficionados, en el sentido de, bueno, establecer conversaciones con el Ayuntamiento para la mejor gestión o la búsqueda del Campo de la Juventud. Pensaba que esa sería la enmienda porque entendía -y ya se me había hecho llegar al mismo tiempo-, pues, que ustedes no estaban por la labor de la cesión a la ciudad de Palencia del Campo de la Juventud, como no lo han estado nunca, que esto no es una cosa que hagan ahora, sino que es una cosa histórica, en la cual, en torno al Campo de la Juventud, desde que provenía del antiguo Movimiento Nacional, pues no se ha querido ceder a la ciudad de Palencia.

Claro, algunos de los argumentos que se utilizan es que el Gobierno Regional no tendría una instalación para su programación. ¡Hombre!, teniendo en cuenta que los Campeonatos de Atletismo de Castilla y León se hacen en Oviedo, pues fíjense ustedes si le echa imaginación el Gobierno Regional cuando quiere hacer una actividad y no tiene una instalación deportiva adecuada en la Comunidad Autónoma. Pero bueno. (Perdóneme... Perdóneme la broma).

Como habrá podido observar, en la Proposición No de Ley, nosotros no hemos reclamado... pero no hemos reclamado ni hemos establecido la fórmula concreta en la cual podría materializarse la cesión de la gestión del Campo de la Juventud al Ayuntamiento de Palencia. No hemos hablado ni de una transferencia, no hemos hablado ni de una delegación, no hemos hablado ni de un consorcio; no hemos hablado de nada, por una razón elemental: porque lo único que hemos querido llevar a la convicción o a la percepción de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular que el futuro del Campo de la Juventud de Palencia está en una perfecta combinación, o debe estar en una perfecta combinación de los usos que le dan los ciudadanos de a pie de Palencia, los ciudadanos que hacen... tienen en la práctica deportiva, pues, su fuente de ocio y demás -cuestión que está muy relacionada con la actividad municipal-, y, simultáneamente, el Centro de Alto Rendimiento o Tecnificación que la Junta de Castilla y León quiere para el Campo de la Juventud, con su residencia de atletas, etcétera; todo esto, que veo que usted se lo ha estudiado y que lo ha expuesto hoy aquí con corrección.

Por lo tanto, nosotros, detrás de la apertura de esta mesa de negociación, de la apertura de estas conversaciones entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, estábamos pretendiendo delimitar o concretar -mejor- el uso y el disfrute de esa instalación en los dos ámbitos: en el ámbito de la alta competición y en el ámbito del deporte de base, del deporte ciudadano; entendiendo que en el ámbito del deporte de alta competición, y de tecnificación, y de residencia de atletas, el Gobierno Regional tiene mucho que decir -y así lo aceptamos y así lo apreciamos-, mientras que en el llamado deporte de base, en el llamado deporte popular, en el uso cotidiano de las instalaciones, el Ayuntamiento de Palencia podría prestar un mejor servicio a los ciudadanos y ayudar mucho a la Junta de Castilla y León a optimizar una instalación que -dicho sea de paso- es una instalación satisfactoria, con las inversiones que se vienen haciendo y las que habrá de hacerse en el futuro para mantener esa instalación deportiva en perfecto estado de nuevas tecnologías y en perfecto estado de conservación.

Claro, yo lamento, lamento que, en este caso, pues lo que creo que es una cierta cerrazón por parte de... por parte del Grupo Popular. Porque creo que esa combinación a la que me he estado refiriendo reiteradamente, pues, sería beneficiosa para la instalación, y sería beneficiosa para la práctica deportiva, y sería beneficiosa, incluso -si me apuran ustedes-, para la imagen de las Administraciones Públicas, que son capaces de compaginar algo, que usted sabe también que, en ocasiones, genera mucho debate, sobre todo en los ámbitos municipales, pero también -si me apuran- incluso en el ámbito autonómico, que es el papel de las Administraciones en relación con el llamado deporte de élite; y cuando se eso se contrapone, con el papel de las Administraciones en relación con el llamado deporte de base, y dónde deben incidir más las Administraciones Públicas, si en el fomento de la práctica deportiva y en el deporte de base o en la inversión de ingentes cantidades en el llamado deporte de élite, etcétera. Usted sabe que ese es un debate maniqueo y, en ocasiones, de cierta perversión, que sirve, incluso, para el desgaste político.

Por lo tanto, ¿eh?, esta Proposición No de Ley nacía única y exclusivamente con esa vocación: que entre el Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León se buscara el destino más idóneo, la explotación -en el mejor sentido de la palabra- más idónea de esa instalación y la combinación de los dos elementos de deporte y de tecnificación de alta competición con el deporte popular, el deporte social. Ni siquiera se declaran ustedes dispuestos a establecer una conversación al respecto; me parece que eso es un exceso por su parte, y me lo va a perdonar. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Gracias. Tiene la palabra el señor Arroita.

EL SEÑOR ARROITA GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Manteniendo -sin ninguna duda- el tono de cordialidad que está... o que parece reinar esta mañana. No le dé usted la vuelta, don José María, al tema. Es decir, yo ni he dicho que no se quiera discutir con el Ayuntamiento de Palencia ni que no se lleguen... eso, porque usted está convencido... -y no le engaño- sabe usted que, perfectamente, el Alcalde del Ayuntamiento de Palencia habla cuando quiere y del tema que quiere con la Junta de Castilla y León y -me voy a este tema, al tema deportivo- con el Director General de Deportes, cuando quiere y de lo que quiere. Entonces, no me diga usted que no existe diálogo de la Junta de Castilla y León en materia deportiva, entre el Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León.

Y, desde luego, lo que nosotros vamos a votar en contra esta mañana no es a lo que usted dice, pero ni mucho menos. Nosotros no sólo votaríamos en contra, sino diez veces, a que hubiese un diálogo más fluido entre todas las Administraciones -sin ninguna duda-, pero, en este tema, yo lo que no quiero es hacerle perder el tiempo al Ayuntamiento de Palencia y a su Alcalde. ¿Por qué voy a hacerle perder el tiempo a que vaya a discutir si la Junta de Castilla y León tiene que ceder ..... Porque, ¡hombre!, yo me voy al texto de su Proposición No de Ley, dice: "Cesión al mismo de las instalaciones". Aquí no dice nada de que vamos a ver cómo compaginamos el horario de los ciudadanos, cómo compaginamos el horario de las agrupaciones deportivas, cómo compaginamos el horario de los colegios. Aquí no dice nada de eso. Es decir, si usted lo que quería es que dialoguen el Ayuntamiento de Palencia y la Junta de Castilla y León, pues este... no es el... la forma utilizada o el camino utilizado no me parece el más correcto.

Pero bueno, yo se lo digo, es decir, que el diálogo existe entre las dos Administraciones. Y a nivel de técnicos, ya se lo aseguro yo que existe, además, de forma muy fluida, porque el nivel de diálogo entre los técnicos de los Ayuntamientos con los técnicos que están marcando las directrices técnicas de la Junta de Castilla y León, Dirección General de Deportes, es intimísimo -y se lo digo con conocimiento de causa-.

Entonces, el tema que usted dice de los campeonatos de... -por hacer una breve referencia que usted ha hecho también de pasada-, le digo: hable usted con los atletas de Castilla y León, de verdad, y vaya usted a preguntarles si prefieren tener una macropista para hacer los campeonatos tres días al año en esta ciudad o prefieren tener módulos perfectamente equipados para desarrollar sus aptitudes. Vaya usted a preguntárselo y a ver qué le dicen, a ver si les dicen a ustedes que para qué quieren ellos una pista tres veces al día, que no les importa. ¿Que estaría estupendo? Sí, sí. Pero que prefieren los módulos que se están llevando a cabo. Es decir, hay que priorizar inversiones, y en este caso creo que se está haciendo de forma correcta y de forma consensuada con, al final, quienes lo utilizan, que son los deportistas, los atletas.

No me hable usted de que no dijo usted la forma de cómo había que pasar estas instalaciones. Aquí dice usted "cesión de las mismas". Y yo creo que... y se lo he manifestado claramente: no estamos por la labor de que se cedan, porque el ceder las mismas, ceder esas instalaciones, llevaría a no poder desarrollar los programas... llevaría a no poder desarrollar el Instituto Regional del Deporte, a que no existiera esa residencia, porque, entonces, quien está gestionando, quien está dándole uso, y, además, utilizando ese uso como justificación de posibles... fundamentalmente para el tema de la formación de los técnicos deportivos, para la nueva formación deportiva, para las... la consecución de los currículum para poder dar cada una dentro, incluso, de las especialidades deportivas, han de mantenerse esas instalaciones. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León, en su responsabilidad, mantiene la gestión de estas instalaciones.

Y, desde luego, los palentinos son castellanos y leoneses, aunque hay Grupos en esta Cámara que dicen otras cosas de... referente a sus provincias, es decir... Pero los palentinos son castellanos y leoneses, y los atletas palentinos, tanto los de élite, como los que están formándose para llegar a esa élite, como los de base, están utilizando esas instalaciones.

Por lo tanto, no intente usted hacerme aquí el juego de decir que no existe consecución... es decir, no existe conjunción -mejor dicho- entre el uso que están dándole tanto el Instituto como el Centro de Tecnificación, como el Instituto Regional y todo lo demás, con el uso que están haciendo los palentinos de las instalaciones del Campo de la Juventud. Porque sí está existiendo. Y, además, hay una cosa que está clara... Y yo, obviamente, pues... seguramente usted lo tenga también, lo he hecho. Yo he pedido las estadísticas de ocupación del Campo de la Juventud el mes pasado, septiembre de dos mil uno; bueno, pues no queda una hora libre; pero no queda una hora libre, y si vemos la relación de las personas que lo han utilizado, pues están igual lo que son los Centros de Tecnificación de Atletismo, de lanzamientos, el Club Baloncesto Palencia, el Patronato Municipal de Deportes, la Escuela Universitaria de Educación, un particular, la Federación de Gimnasia de Castilla y León, el Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa, la Escuela de Árbitros de Baloncesto, la Agrupación Deportiva MUPLI... Es decir, la relación de uso es perfectamente... y se está compatibilizando -como yo le decía- los espacios y los horarios libres con el uso que están haciendo los palentinos de esas... de esos horarios libres.

Entonces, yo le pido, don José María: no le dé la vuelta a los temas. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con traspasar; pero yo estoy completamente de acuerdo, y nuestro Grupo votará todas las veces a favor que usted pida diálogo entre Administraciones. Y estaremos completamente de acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Crespo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. En fin, yo pensaba que el diálogo a veces lleva a reconsideración, pero veo que en esta ocasión ni siquiera en base al diálogo el Partido Popular o la Junta de Castilla y León considera... contempla, siquiera, la posibilidad de reconsiderar lo que se evidencia que es una decisión muy firme y muy tajante en relación con la mejor gestión del Campo de la Juventud de Palencia.

Yo creo que esa gestión es perfectible, creo que esa gestión es mejorable, creo que una mejor combinación de los intereses municipales con los intereses regionales, simplificando, pues sería, en definitiva, una mejor defensa de los intereses de los ciudadanos, que, al final, es -yo creo- lo que a todos nos concita. Me parece que una mejor combinación del trabajo que allí desarrollan en tareas de tecnificación determinados deportistas, junto con una mejor utilización por parte del conjunto de la sociedad palentina en tareas de deporte de base o deporte de mantenimiento, pues, sería francamente deseable. Me parece que una gestión combinada de esa instalación por parte de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Palencia sería enriquecedora.

Cuando nosotros hemos hecho la Propuesta de Resolución -insisto- no hemos prejuzgado cuál sería la conclusión final. Hemos hablado del establecimiento de conversaciones, y cuando se habla de la cesión, pues sabe usted que la cesión puede del uso, puede ser la cesión de la gestión, puede ser la cesión de las instalaciones, puede consorciarse. En fin, hay distintos mecanismos que gradúan el nivel de la descentralización de una competencia de una instalación o de un servicio que hace la Comunidad Autónoma en favor de una Corporación Local; y eso se materializa o se concreta fruto del diálogo.

Yo creo que se pierde una ocasión -insisto- de estrujar al máximo la potencialidad del Campo de la Juventud de Palencia. Nosotros respetamos y apoyamos la existencia en Castilla y León... y nos sentimos orgullosos de que en la provincia de Palencia exista un centro de referencia de ámbito regional, como es el Centro de la Juventud... como es el Campo de la Juventud. Quisiéramos que hubiera más en el conjunto de la Comunidad Autónoma y que las instalaciones de referencia en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito institucional, pues, estuvieran bien distribuidas y tuvieran carácter emblemático en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, incluido un pabellón cubierto, ¿eh?, incluido un pabellón cubierto. Pero creemos, sinceramente, que ese carácter de centro de ámbito regional es absolutamente compatible, absolutamente compatible con una cogestión del mismo por parte del Ayuntamiento de la capital, porque, incluso, de los datos que usted ha esgrimido aquí -que son los mismos que yo manejo-, se evidencia que la gran complejidad -si me apura- de gestión de ese Centro está vinculado al deporte de base, al deporte de mantenimiento, en definitiva, al deporte social, que es el que practican los ciudadanos de Palencia. Lo otro, lo otro, el deporte de alto rendimiento, el deporte de tecnificación, tiene unas características concretas, tiene unas exigencias mayores; pero, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que es infinitamente más sencillo.

Hemos planteado la posibilidad de una cuestión compartida para sacar lo mejor de esa buena instalación. En fin, lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular ni siquiera contemple la posibilidad de dialogar sobre el asunto. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE):

Vamos a someter a votación la Proposición No de Ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levanta la sesión a las trece horas diez minutos).